El Consejo Político del Partido Revolucionario Institucional en la capital (PRI-DF) formalizó el extrañamiento a su diputado local Fernando Espino Arévalo, mismo que la Comisión Política Permanente de ese instituto político aprobó hacerle por su conducta contraria al quehacer del grupo parlamentario priísta en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

El documento, con fecha del 6 de agosto, lo firman Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Laura Arellano y César Cruz, presidente, secretaria y secretario técnico del Consejo Político y de su Comisión Política Permanente, respectivamente, y fue entregado ayer por la tarde en la oficina que el legislador priísta tiene en la sede de la ALDF.

En el documento se le hace saber al también líder de los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro que se le hace el serio extrañamiento por no acatar y sostener conductas contrarias al grupo parlamentario, así como de su agenda legislativa de la Asamblea del Distrito Federal (sic), de la cual usted es integrante.

Incluso, en el texto se le conmina a que en lo sucesivo acate lo que la mayoría de los diputados de la fracción determinen y acuerden y se sume a los trabajos que el partido tiene en curso.

Los firmantes le dicen a Espino Arévalo que ese llamado de atención fue una decisión que aprobaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Política Permanente, durante su sesión ordinaria del pasado 2 de agosto.

Detalla el documento que dicha comisión está integrada por sus sectores, organizaciones y militantes distinguidos de nuestro partido.

Según informaron algunos dirigentes priístas, en la sesión de ese órgano de gobierno se abordó el caso de Espino, a petición de Emiliano Aguilar, líder del sector agrario del PRI-DF, a quien siguió Édgar Mereles, Juan Carlos Vázquez y René Muñoz, entre otros, quienes también cuestionaron la actitud que ha tomado el diputado local en el caso del conflicto del Metro, pues ha entrado en una conducta de chantaje, por lo que propusieron que se le suspendan sus derechos políticos hasta que se determine si tienen fundamento las acusaciones en su contra.