Ha habido abuso en la compra de terrenos ejidales y comunales para el desarrollo de minería, industria y vivienda, el resultado no ha sido en beneficio de los ejidatarios, advirtió el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín.Los delegados agrarios –trabajadores de la Sedatu–, quienes favorecen la venta de tierras, según han denunciado algunas comunidades, son los que deberían asumir la defensa de los ejidatarios, pero se han convertido en los principales promotores de los compradores, señaló el funcionario.

Añadió que muchas veces ellos son los que entablan el contacto con los compradores de tierras y son los que brindan las facilidades para sacar del ejido a los que se oponen; esa es la peor parte. Han sido ejidatarios toda la vida, pero cuando van a vender los sacan de la asamblea, y meten a otros que no han sido ejidatarios. Estas debilidades de la ley tienen que ser corregidas.

Durante su participación en el segundo Encuentro Nacional de Legisladores Cenecistas mencionó el caso de la minería, donde no siempre se cuida el medio ambiente.

Señaló, asimismo, que “quienes terminan vendiendo sus tierras no se quedan con los beneficios por lo que al final las abandonan. Lo que reciben no les alcanza, ya que no hay utilidad permanente en la venta. Por eso insistimos que no es benéfico para nadie que continúe la venta de tierras comunales.

Explicó que hay mineras que trabajan en orden, con apego a la ley; hay quienes trabajan y más o menos se apegan a la ley, pero no cumplen con los rubros ambientales ni en retornar los beneficios a la comunidad.

Mencionó también los casos donde hay conflictos por “la abierta pretensión de despojar a los ejidatarios para beneficio de los propietarios de las minas, muchos de ellos sin título de propiedad.

Casi es una organización delictiva, abundó, por lo que es imprescindible contar con herramientas legales para corregir estas situaciones. Asegurarnos de que sea una utilización adecuada y evitar que puedan entrar organizaciones ilegales a hacer víctimas a los ejidatarios, cuando podrían ser beneficiarios”.

Ramírez Marín asentó que mil 673 ejidos han pagado con sus tierras el crecimiento de zonas urbanas, el resultado es que los ejidatarios terminan emigrando, “reciben migajas por tierras donde se ponen campos de golf, resorts turísticos y desarrollos industriales”.