La falta de claridad en las sentencias del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) derivó en una intensa discusión en la sesión de hoy, en la que los ministros comenzaron el análisis de una denuncia de incumplimiento de sentencia, relacionada con una controversia constitucional que fue resuelta hace 12 años.

Lo anterior quedó en evidencia al iniciar ayer el debate sobre la acción promovida por el ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en contra del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de esa entidad. Los ministros no se pusieron de acuerdo respecto a si la autoridad laboral ignoró una decisión de la SCJN, que declaró la invalidez relativa de los artículos 52, fracción XXXV y 60, fracción XII, entre otros, de la Ley Orgánica Municipal del estado de Hidalgo.

A pesar de que el pleno resolvió en el año 2001 que los artículos referidos no fueran aplicados al municipio de Tulancigo –el cual demostró en la controversia constitucional 12/2001 que eran inconstitucionales–, resulta que la autoridad laboral ignoró la decisión del máximo tribunal.

Ante el incumplimiento de la decisión, el municipio presentó el recurso correspondiente.

La ministra Olga Sánchez Cordero planteó en su proyecto de dictamen que la Junta de Conciliación y Arbitraje de Hidalgo había incumplido la sentencia, pero de forma excusable, porque los funcionarios que integran dicha Junta desconocen de temas de constitucionalidad; otros ministros consideraron que no había excusa de la autoridad para no acatar la decisión, mientras que otros señalaron que la autoridad impugnada no había cometido falta alguna.

Luis María Aguilar señaló que una posible salida podría ser que el pleno admitiera que su resolución de 2001 no era lo suficientemente clara para que se entendieran cuáles eran sus alcances.

La discusión continuará hoy.