yer, en el contexto de un encuentro con dirigentes de organizaciones campesinas priístas, el titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, presentó un diagnóstico sumamente pesimista del estado actual de Petróleos Mexicanos (Pemex): habló de una caída estrepitosa en la producción petrolera nacional y de cifras deficitarias en materia de gas –lo que ha llevado incluso a activar alertas críticas–; mencionó el incremento en las importaciones de gas y gasolina y la pérdidas millonarias por tomas clandestinas de combustibles, y dijo que todo ello subraya la necesidad de realizar una reforma legal en materia petrolera, pues podemos llegar a ser un país deficitario en energía.

El escenario catastrófico esbozado por el titular de Energía colisiona con otros datos oficiales, como el del superávit obtenido por la paraestatal en el primer semestre de este año por concepto de ventas de crudo, petrolíferos, petroquímicos y gas natural (más de 10 mil millones de dólares), así como el incremento en la producción de gasolinas. Por lo demás, el funcionario omitió señalar en su alocución la relación causal entre el declive en la producción de crudo y gas y el magro porcentaje de recursos que la paraestatal invierte en proyectos productivos –sólo 9.6 de cada 100 dólares que gana–, así como el elevado porcentaje de sus ingresos que va a parar a las arcas fiscales y la corrupción administrativa y sindical que impera en sus instalaciones.

En vísperas de la presentación de una reforma energética que contará con el previsible respaldo del PRI y el PAN, diagnósticos como el comentado tienen el efecto de enturbiar gravemente una discusión que debiera ser abierta y objetiva sobre el tema y exhiben una administración federal que en materia petrolera se comporta en forma muy similar a como lo hizo su antecesora: presentando posturas en forma sesgada y tangencial, realizando en el extranjero afirmaciones privatizadoras que son negadas en el ámbito nacional, generando alarma con datos como los difundidos ayer por Joaquín Coldwell, y ocasionando, de esta forma, un amplio margen para la sospecha y la confusión.

Es indiscutible la necesidad de fortalecer la industria petrolera nacional; hasta ahora, sin embargo, la actitud de las recientes administraciones federales –y la actual no ha sido la excepción– ha apuntado precisamente en el sentido contrario: en vez de políticas orientadas al fortalecimiento de la paraestatal, lo que puede verse son intentos por debilitarla y empobrecerla. Por lo demás, incluso dando por cierto el escenario alarmante que el gobierno federal ha planteado en sus diagnósticos, no hay razón que justifique el apremio de sacar adelante una reforma energética con sentido parcial o totalmente privatizador, sobre todo cuando se tienen a la vista medidas que permitirían sanear a Pemex sin necesidad de trastocar o modificar los términos del artículo 27 constitucional: la modificación del régimen de saqueo impositivo al que ha sido sometida; la reducción de la dependencia financiera de la administración pública a los recursos generados por la compañía, el fin de la sobrexplotación fiscal de la industria petrolera y el cobro de impuestos justos a las grandes empresas que disfrutan de regímenes de privilegio o de virtual exención, como es el caso de las mineras.

Con el recuerdo fresco de la polarización social y política que provocó el intento de privatizar a trasmano la industria petrolera en 2008, bajo el gobierno de Felipe Calderón, debiera ser claro que la discusión sobre la modernización de Pemex debe trascender el ámbito legislativo y desarrollarse en el contexto de un debate nacional articulado y coherente, con datos objetivos, que incluya al conjunto de las corrientes políticas y de los sectores sociales y económicos y esté orientado a la construcción de un consenso nacional sobre el tema, no sólo a la obtención de arreglos cupulares. Éstos no garantizan la estabilidad política y social del país.