Washington, 5 de agosto.

Una unidad de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) entrega datos interceptados de inteligencia, nombres de informantes y una base de registros telefónicos a autoridades de todo el país para ayudarlas en investigaciones criminales de estadunidenses.

Aunque estos casos rara vez involucran temas de seguridad nacional, documentos revisados por la agencia Reuters muestran que agentes de la ley recibieron órdenes para ocultar no sólo a abogados defensores, sino también, a fiscales y jueces, cómo comenzaron esas investigaciones.

Los documentos sin fecha muestran que agentes federales están entrenados para recrear la pista de la investigación para, efectivamente, encubrir el origen de la información, práctica que algunos expertos dicen que viola el derecho constitucional de los acusados a un juicio justo.

Si los acusados no saben cómo comenzó una investigación, no pueden pedir que revisen potenciales fuentes de evidencia exculpatoria, información que puede revelar una inducción, errores o testigos parciales.

Nunca había escuchado nada igual, comentó Nancy Gertner, profesora de la Escuela de Leyes de Harvard, quien fue juez federal de 1994 a 2011.

Gertner y otros expertos legales dijeron que el programa suena más alarmante que la reciente revelación de que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) había recopilado registros telefónicos domésticos. Las operaciones de la NSA tienen como objetivo detener a los presuntos terroristas, mientras el programa de la DEA apunta a delincuentes comunes, principalmente traficantes de droga.

La unidad de la DEA que distribuye la información es la División de Operaciones Especiales (SOD por sus siglas en inglés), creada en 1994 para combatir los cárteles latinoamericanos. Dos docenas de agencias asociadas componen la unidad, incluida la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), el Servicio de Rentas Internas (IRS) y el Departamento de Seguridad Interior.

Gran parte del trabajo de la SOD es clasificado y los funcionarios pidieron que su ubicación exacta en Virginia no sea revelada. Los documentos analizados por Reuters están señalados como confidenciales.

El documento instruye directamente a los agentes a que omitan el involucramiento de la SOD en reportes de investigación, declaraciones juradas, discusiones con fiscales y testimonios en la corte.

Dos funcionarios de alto nivel de esa dependencia defendieron el programa y dijeron que tratar de recrear una pista de investigación no sólo es legal, sino una técnica que se usa casi diariamente.

A su vez, la Unión Estadunidense para las Libertades Civiles denunció que la DEA viola el derecho a un juicio justo al ocultar el origen de la evidencia legal que obtiene mediante técnicas de espionaje.

Por otro lado, una investigación del diario USA Today reveló que la FBI fue cómplice de más de cinco mil comisiones delictivas en 2011, indicaron documentos desclasificados sobre la colaboración entre la agencia de espionaje y los informantes.

Según la investigación, el Departamento de Justicia ordenó una pesquisa para esclarecer las relaciones entre la FBI y aquellos sujetos que son captados como colaboradores de las autoridades penales y la fiscalía.

Los agentes autorizan a los informantes cometer unos 15 delitos diarios, y el monto de esta actividad llegó hace dos años a cinco mil 658 crímenes.

Trascendió que la FBI mantiene una red secreta de 15 mil informantes, al estilo del gángster James Bulger, que operaba en Boston y condujo ante tribunales a elementos del crimen organizado.