Dirigentes de Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán denunciaron que el gobernador de Morelos, Graco Ramírez; el presidente municipal, Francisco Navarrete Conde, y la Procuraduría General de la República (PGR) han criminalizado nuestro movimiento por oponernos a la ampliación de la autopista México-Cuernavaca, porque nos han despojado de nuestras tierras comunales. La empresa Tradeco, apoyada por el gobierno estatal, invadió nuestras propiedades y ahora quieren firmar un convenio de ocupación. ¿Para qué, si ya nos invadieron y nos despojaron en un acto ilegal?

En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la maestra Osbelia Quiroz denunció: La situación en Tepoztlán es preocupante. Qué lastima que Morelos sea gobernado por un tirano. El pueblo le dio el voto a Graco Ramírez y nos está traicionando. Ha provocado pleitos entre familias, porque hay unas familias muy dignas que no han aceptado dádivas del gobierno estatal y otras han aceptado la compra de conciencias por despensas y sarapes.

También, acusó Quiroz, el alcalde Navarrete nos está traicionando. Graco dijo que se iba a hacer otra consulta, pero nos descalifica: dice que somos unos cuantos, que somos 20. Eso no es cierto. El gobierno estatal y el presidente municipal están manipulando a la población.

Esteban Martínez, quien realizó una huelga de hambre de cuatro días, dijo que la ampliación de la autopista afecta a 12 mil 702 especies de árboles y demás flora y a mil 664 especies de fauna. Ni siquiera respetaron las medidas mínimas de impacto ambiental; aunque eran ridículas, no las respetaron.

Dieron a conocer que han solicitado la intervención de relatores de la Organización de Naciones Unidas, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, de la delegación de la Comunidad Europea y de Amnistía Internacional.

En un pronunciamiento que leyeron manifestaron su preocupación por las 50 órdenes de aprehensión contra integrantes de ese frente y sostuvieron que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no podrá probar que es dueña o tiene permisos para ampliar la autopista. Invadieron y nos despojaron de áreas comunales.

Asegura que ya se obtuvo la autorización de representantes guarijíos para la presa Pilares

Ulises Gutiérrez Corresponsal

Hermosillo, Son., 5 de agosto.

El secretario de Gobierno de Sonora, Roberto Romero López, señaló que una de las teorías acerca del origen de las amenazas de muerte contra investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de El Colegio de Sonora que asesoran a la etnia guarijío sobre el proyecto de construcción de la presa Pilares, en el municipio de Álamos, es la división que existe en esa tribu.

Hay indicios de que las amenazas vienen de los conflictos internos de la tribu. Lo que pasa es que ellos (los académicos) conviven con uno de los grupos de poder de la etnia, expuso Romero López, quien deslindó al gobierno estatal de las intimidaciones y aseguró que se brinda vigilancia policiaca para apoyar a la etnia.

Lo que hemos hecho con las autoridades federales es brindarles protección para que estén tranquilos. No estaban a gusto con la presencia de policías municipales y estatales; entonces se desplegaron policías federales, indicó.

Aseguró que los representantes del gobierno estatal que negociaron el fin de semana con gobernadores tradicionales de la tribu la construcción de la presa Pilares en el río Mayo ya obtuvieron las firmas de los cinco representantes del gobierno tradicional guarijío.

El lunes La Jornada publicó que investigadores que asesoran a la etnia reportaron amenazas de muerte, las cuales atribuyeron a quienes promueven la construcción del embalse, que supuestamente evitará inundaciones en seis municipios durante la temporada de lluvias.

Asimismo manifestaron su preocupación por su integridad física y la de estudiantes de la UNAM que realizan investigaciones y ofrecen asesoría a las comunidades y asambleas de la región guarijía, en la sierra de Álamos.

Armando Haro Encinas, investigador de El Colegio de Sonora, aseguró que ha recibido amenazas de muerte, al igual que Ramón Martínez Coria y las investigadoras Cinthia Moroyoqui Aldama y Yaneth Lara Hernández, de la UNAM, cuyos vehículos fueron dañados.

Los académicos apoyaron a los guarijíos en su exigencia de mejores condiciones de vida y respeto a los cementerios y otros sitios donde realizan actividades tradicionales, los cuales quedarían inundados por el embalse, que empezaría a construirse en 2014.