Jalapa, Ver., 4 de agosto

Imposición, autoritarismo, complicidad entre iniciativa privada y funcionarios públicos, así como violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas del país, han sido las principales características de los proyectos hidroeléctricos, presas y represas en México desde siempre, dijo el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder).

Entre el luto que formó parte de los festejos por el décimo aniversario de la fundación del Mapder, debido a la muerte de Noé Salomón Vázquez Ortiz, lapidado el viernes pasado en Amatlán de los Reyes por su activismo en contra de El Naranjal, los integrantes de este movimiento se replantearon sus acciones en defensa de los ríos y del agua frente a los proyectos de construcción de represas.

Guillermo Rodríguez Curiel, de la organización La Vida y representante de Mapder en Veracruz, dijo que lo importante en este momento es proteger la integridad de David, el niño que acompañaba al activista cuando fue emboscado.

Las autoridades condicionaron la entrega del cuerpo a la familia a la declaración del menor, quien dio su testimonio la misma noche del día del homicidio, pero no lo han dejado en paz. Las autoridades de la agencia veracruzana de investigaciones lo han seguido acosando y no queremos eso para él, expuso Rodríguez Curiel.

El vocero del Mapder a nivel nacional, Julio César Ramírez, dijo que este hecho y el boom de construcción de presas e hidroeléctricas en México implican promover que se haga respetar la convención internacional de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que llama a gobiernos firmantes a escuchar en consulta informada y a tiempo a las comunidades que serán afectadas, de tal manera que éstas puedan decir sí o no a las edificaciones.

Añadió que Mapder tiene presencia en 17 entidades del país para impulsar la lucha en defensa del medio ambiente y contra la construcción de presas, y lamentó que en los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa se recrudeció la política de desplazamiento forzado para los poblados que están dentro de las cuencas consideradas para estos proyectos.

Acotó que esta década de batalla en defensa de los ríos ha estado marcada por la puesta en práctica de mecanismos de represión, persecución y amenaza, e incluso se ha llegado al homicidio de activistas o de miembros de las comunidades afectadas.

César Ramírez dijo que “en México hay una especie de lobby político-constructor de presas en el país –en el cual participan la CFE (Comisión Federal de Electricidad), la Conagua (Comisión Nacional del Agua) y políticos de alto rango del gobierno mexicano– que promueve presas como una opción de generación de energía eléctrica, a pesar de que son obras lesivas para la naturaleza”.

Consideró que un ejemplo de esto es la presa El Zapotillo, que se pretende erigir en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco. “Ahí encontramos compañías multinacionales y empresas mexicanas liadas con el gobierno mexicano por medio de la Conagua. Hay empresas y hay políticos trabajando en una gestión de lobby para que a nivel internacional caigan los contratos y a nivel mexicano no tengan ningún impedimento para continuar la obra”.