n las próximas semanas se presentarán iniciativas de ley que implican reformas de gran calado en varios ámbitos: el hacendario, el energético, el político-electoral y el de protección social. Los cuatro podrían estar íntimamente articulados –y como en los mercados interconectados– un cambio en uno lleva a cambios en los otros. Más todavía pueden tener efectos de gran profundidad en muchos otros espacios públicos, particularmente en lo que se refiera a la convivencia y a la cohesión social.

En momentos claves como éste importa evitar tres tipos de errores. El primero es de comunicación política y tiene que ver con lo que tanto Octavio Paz como George Orwell se referían como la corrupción del lenguaje. Según Orwell el lenguaje tiene tres tipos de vocabularios: de la vida cotidiana, de palabras construidas deliberadamente para fines políticos, y un tercero compuesto por términos técnicos y científicos. Lo distintivo y terrorífico del newspeak es la separación radical del lenguaje del discurso político tanto del lenguaje de la vida cotidiana como de los lenguajes científicos y técnicos. Orwell se refería al comunismo, pero hoy se desarrollan otros newspeak en la democracia. El newspeak democrático expresa una crisis radical de representatividad política. La distancia entre los ciudadanos y los partidos se mide sin duda en el lenguaje. Las movilizaciones juveniles que irrumpen desde 2011 se inician como una innovación en el lenguaje político.

El newspeak se enfrenta con precisión en los términos y claridad en los propósitos. Tomemos el término privatización. Todos los actores políticos comienzan su discurso sobre la reforma energética diciendo que no quieren una privatización. El problema es que Pemex está ya privatizado en tres aspectos. A través del impuesto expropiatorio que le ha venido arrebatando el gobierno para financiar el gasto público inhibiendo de esta manera el mecanismo recaudatorio al grado que México está entre los países de más baja recaudación y más bajos efectos distributivos. También está privatizado a favor de la cúpula sindical que usufructúa parte de la renta petrolera. Finalmente está privatizado por medio de enjambre de corrupción que va desde la concesión de las gasolineras, el transporte de petróleo –en la base del enriquecimiento desde siempre de políticos y empresarios– y las diversas formas de contratos y concesiones.

Hasta aquí casi todos los actores tendrían que estar de acuerdo con la propuesta que hizo Cuauhtémoc Cárdenas a principios de este año para devolverle a Pemex la capacidad de dirigirse y recuperar el manejo de la renta petrolera. La pregunta central a partir de esa plataforma planteada por Cárdenas es ¿quién debe beneficiarse de esa renta generada desde una empresa pública? El PAN y hasta donde se sabe el PRI y el gobierno proponen una manera específica de distribuir esa renta distinta al statu quo abriendo otros ámbitos de las actividades energéticas al capital privado nacional y extranjero. El PRD propone un método para decidir al respecto que es a través de una consulta a los ciudadanos.

En síntesis Pemex está en muchos aspectos privatizado. Se discuten entonces realmente dos cosas. Uno cómo re-estatizarlo, es decir cómo restablecer la rectoría del Estado. Dos, cómo redistribuir la renta petrolera.

Si ha de establecerse como empresa propiedad de la Nación, la soberanía del pueblo debe expresarse inequívocamente sobre cómo y para qué fines debe canalizarse la renta petrolera.

El segundo error lo vinculo con lo que Albert Hirschman denominó refiriéndose a las características de los funcionarios públicos en América Latina como el ansia por querer sacar (rápidamente) conclusiones. Y el tercero con lo que Juan Linz planteó respecto al factor tiempo en las reformas. Sobre estos errores comentaré en mis siguientes entregas.

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