La organización civil Melel Xojobal, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que apoya desde hace muchos años a menores indígenas que viven o laboran en la vía pública, declaró que el caso del niño trabajador humillado por un funcionario público en Tabasco evidencia las prácticas que se han generalizado y normalizado en varias ciudades del país en contra de quienes trabajan en las calles.

Sin embargo, el uso del caso y su tratamiento en medios de comunicación lo coloca en una situación de revictimización que violenta sus derechos. Cabe señalar que el programa televisivo Cosas de la vida, dedicado a explotar los dramas reales o supuestos de personas humildes, acaba de regalar al menor una computadora, dinero, una mochila y lo que más cuesta: tiempo al aire.

Melel Xojobal ha denunciado los malos tratos en contra de la infancia trabajadora y sus familias en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas y en otras partes del territorio nacional.

Ante el episodio sufrido por el niño Feliciano Díaz, originario del paraje Romerillo, municipio de San Juan Chamula, agredido por Juan Diego López Jiménez, funcionario municipal de Villahermosa, Tabasco, Melel Xojobal saluda la separación del cargo del servidor, pero alerta sobre la responsabilidad institucional de los municipios y gobiernos estatales que alientan estas prácticas con discursos, decisiones de cabildo y leyes que criminalizan las actividades económicas de sobrevivencia que niños, niñas y sus familias se ven obligados a realizar ante la ausencia de los gobiernos para lograr su inclusión social y económica.

El organismo reprueba el inapropiado tratamiento que algunos medios electrónicos han dado al caso, exhibiendo al niño en una situación que violenta sus derechos, “particularmente el principio del interés superior del menor y su derecho a la intimidad, y animando opiniones que simplifican la situación de la infancia trabajadora en el país e invisibilizan su condición como sujetos de derechos.

Cada vez son más las niñas, niños y adolescentes, en particular indígenas, que se integran al trabajo en el ámbito informal en búsqueda de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. Actualmente, en Chiapas hay 82 mil 276 niños de cinco a 14 años que realizan alguna actividad económica o trabajan. En San Cristóbal de Las Casas, de acuerdo con el último conteo realizado en 2012 por Melel Xojobal, dos mil 472 niñas y niños trabajan, y mil 201 acompañan a sus familiares mientras éstos realizan sus actividades laborales, y más de 92 por ciento son indígenas.

Mientras los gobiernos federal, estatal y municipal vean en el trabajo infantil irresponsabilidad familiar y no establezcan políticas sociales integrales que contrarresten el deterioro de vida y la exclusión social, incluyendo el mejoramiento de las condiciones laborales y salarios de millones de personas que diariamente buscan los ingresos económicos suficientes para satisfacer sus necesidades primordiales, las acciones para cambiar esta realidad serán limitadas y en muchos casos violatorias a los derechos humanos.

La entrega de becas y apoyos específicos por parte de los gobiernos federal y estatales, así como los regalos que han hecho algunas televisoras al niño y su familia, son acciones paliativas que no resuelven de fondo la marginación y exclusión social de más de 3 millones de niñas, niños y adolescentes que trabajan en el país, ni garantizan el cumplimiento de todos sus derechos.