l aparato de control legislativo federal ha abierto una rendija propicia para acelerar los trámites de aprobación de la polémica propuesta de reforma energética. Con base en la discrecionalidad normativa que permite la convocatoria a periodos extraordinarios de sesiones conforme las cúpulas directivas de las cámaras lo decidan, se ha anunciado la realización de uno de esos periodos en la segunda quincena del mes que ha iniciado. Los temas que habrán de abordarse en este segundo tramo especial no tienen vinculación con lo energético, pero al mismo tiempo se ha comenzado a mencionar la posibilidad de que hubiera otro periodo ordinario de sesiones para desahogar temas pendientes.

Hasta allí, en apariencia no hay indicios de que se prepare una especie de madruguete político con motivaciones petroleras (aunque en términos procesales se podrían cubrir todos los requisitos para que no hubiera ninguna ilegalidad). Pero el súbito calentamiento de la maquinaria legislativa, el acompasamiento de ambas cámaras (que en proyectos anteriores no se pusieron de acuerdo, al grado de que la de diputados trabajó de manera extraordinaria mientras la de senadores no lo hacía) y la posibilidad de que las protestas lopezobradoristas crecieran no sólo por el tema energético, sino por la acumulación de problemas nacionales sin resolver, podrían empujar de manera natural a los celosos representantes populares y republicanos a apresurar las fórmulas para sacar al vapor las aprobaciones en un periodo extraordinario sacado de la manga o en los plenos de las cámaras legislativas en septiembre, en cuyo primer día los diputados y los senadores comenzarán a sesionar de manera ordinaria y en cuyo octavo día habrá de verse en el Zócalo capitalino el tamaño y la fuerza de la oposición a las reformas energética y fiscal.

Llama la atención, por ejemplo, que en los optimistas anuncios realizados ayer respecto al nuevo periodo extraordinario de sesiones no se hubiera mencionado la posibilidad de incluir el tema de mayor interés del gobierno federal y de más implicaciones para el país en general, el de los energéticos y de Pemex en particular. Sería natural que ese punto fuera abordado en estas tandas legislativas de urgencia, pues en ellas se desahogarán los principales compromisos del gobierno federal con los partidos de solidaria oposición, PAN y PRD, tanto en materia de leyes secundarias que den cuerpo a modificaciones constitucionales ya realizadas como en el plano de lo electoral y lo político.

De manera simplista se podría decir que los primeros periodos extraordinarios de agosto servirán para que el gobierno federal pague sus compromisos políticos con sus fieles adversarios-aliados, PAN y PRD, luego de los cuales estos ya estarán en condiciones de aprobar la suerte mayor, la de las reformas energética y fiscal a gusto del peñismo, así fuera en un arrebatado último periodo extraordinario de sesiones o en el ordinario de septiembre, ya con iniciativas presentadas (Peña Nieto ha hecho saber desde el hospital de su convalecencia que la semana próxima entregará la suya), dictámenes de comisiones y todo listo para que en las plenarias se aprobara con rapidez el gran negocio de los energéticos.

El paquete de entendimientos que se cumplirá en el mes en curso fue cerrado la noche del miércoles pasado. Previas negociaciones en el marco del Pacto por México tuvieron concreción en la sesión definitoria en la que participaron los coordinadores de las bancadas de los tres partidos centrales (PRI, PAN y PRD) en las dos cámaras, con excepción del diputado panista Luis Alberto Villarreal. Por parte del gobierno federal asistieron los padrinos de la ceremonia de confirmación: Miguel Osorio Chong (Segob), el vicepresidente Luis Videgaray (Hacienda) y el poderoso y joven jefe de la oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño.

Parecida urdimbre de élites ha pretendido establecer el citado secretario Osorio Chong para enfrentar la humeante realidad de Michoacán. Citados en la capital del país, en plena demostración de centralismo implacable, decenas de representantes de las cúpulas de la entidad sumida en la violencia escucharon al titular de Gobernación exhortarlos, a nombre de su jefe recién liberado de un nódulo tiroideo, a llegar a un acuerdo de Michoacán. Le escuchaban los representantes de cámaras y partidos, de empresarios, universidades e incluso el arzobispo de Morelia.

A pesar del entusiasmo declarativo mostrado por el gobernador interino luego de ese intento de reproducción local del Pacto por México, lo cierto es que al acuerdo michoacano le faltarían las firmas de los principales actores involucrados en el conflicto regional: los jefes directos de los cárteles en pugna. En tanto, el mismo Jesús Reyna hizo cambios en algunos puestos de primer nivel de su gabinete, tratando de zafarse de compromisos correspondientes al mandatario enfermo y con licencia, Fausto Vallejo, y pretendiendo crear la percepción de que hay un relanzamiento político de la entidad.

Relanzamiento, en todo caso, el del objeto de las preocupaciones centrales de los pactistas federales, el ex candidato presidencial de izquierda que ayer inició recorridos por el Distrito Federal, donde mantiene fuerza y convocatoria a pesar de los problemas internos en la constitución del partido Morena, de los pleitos grupales del perredismo y de la polémica actuación del actualmente vacacionista jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. AMLO está llamando a llenar el Zócalo capitalino el 8 de septiembre, ha señalado que no caminará este trecho con el PRD y va subiendo la temperatura opositora mientras sus adversarios tratan de dar velocidad a los procesos legislativos para tratar de desalentar, frente a hechos consumados o de inminente consumación, los ánimos de protesta pública.

Y, mientras al conjunto de aberraciones que se vive en México se suma la insólita postulación judicial de que el ingeniero Raúl Salinas de Gortari sí se enriqueció desmesuradamente, pero no se le pudo probar que fuera de manera ilícita, ¡feliz fin de semana!

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