El director del Sistema de Transporte Colectivo, Joel Ortega Cuevas, informó que en los siguientes días se reunirá con integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para plantearles la necesidad de ajustar la tarifa del Metro.

En la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Electoral del Distrito Federal para que los usuarios interesados en votar en la consulta ciudadana puedan hacerlo en los cibercentros, señaló que de acuerdo con los resultados de una encuesta, una mayoría de gente la aceptaría.

En estos momentos, comentó, sabemos qué porcentaje de la gente está en favor de un incremento a la tarifa, pero vamos a ser muy cuidadosos de cumplir con lo que marca la ley e iremos por la ruta larga, la de la Asamblea Legislativa, por lo que me estaré reuniendo con los diputados.

Consideró que, una vez realizado un ajuste a la tarifa, se puede tener una preautorización de recursos del año que viene para rescatar los trenes parados (105), pues hace falta, ya que tenemos la más baja del mundo, de tres pesos, contra 37.50 de París o 160 de Londres por un viaje sencillo.

Hoy, el costo real del boleto, considerando la repercusión del arrendamiento de trenes de la línea 12, es de 10.50 pesos, por lo que, me parece, hay que tomar alguna medida al respecto. No tenemos fecha porque tenemos que hacer un trabajo muy fuerte de gestión en la Asamblea, puntualizó.

En otro tema, dijo que ante los amagos del sindicato de parar el servicio o demorar la salida de trenes, se cuenta con el apoyo de personal capacitado para garantizar el servicio, aunque lo llamamos a serenarse. No es lastimando a los usuarios como se corrigen las cosas.

La Contraloría General, dio a conocer, emitirá un dictamen sobre 161 plazas tomadas por el sindicato, de las cuales 43 fueron asignadas al comité ejecutivo, porque esto genera responsabilidades de servidores públicos y no sabemos cuáles cumplen con el perfil, en virtud de que son plazas de confianza.

Mientras, en la procuraduría capitalina se interpuso una denuncia para que se investigue un posible caso de fraude procesal por un juicio de 2 mil 300 plazas de confianza, porque “la empresa nunca se defendió y provocó que éstas terminaran en manos de familiares y el sindicato, desplazando a ingenieros que las tenían, indicó.