Las grabaciones o medios de prueba que se originen de la intervención de las comunicaciones privadas son ilegales y carecen de valor probatorio, decretó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con una jurisprudencia con la cual fija los criterios de los alcances que podrían tener estos elementos. Para llegar a estas conclusiones, los magistrados partieron del artículo 16 de la Constitución, donde se reconoce el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.