Activistas y representantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual (LGBTTTI) demandaron ayer en el Senado que la ley que se dictamina en esa cámara garantice los principios de igualdad y no discriminación y el respeto irrestricto a sus garantías constitucionales.

La senadora Layda Sansores San Román, de Movimiento Ciudadano, convocó al foro La diversidad sexual por sus derechos humanos, con la finalidad de enriquecer el proyecto que presentó su homóloga del Partido de la Revolución Democrática, Angélica de la Peña.

Ahí, organizaciones por la diversidad sexual urgieron a homologar las legislaciones federal y estatal, incluyendo los instrumentos internacionales de derechos humanos que hagan valer las garantías de esa comunidad.

Al inaugurar el encuentro, Sansores San Román, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, expuso que la intención es escuchar a especialistas y a los directamente interesados, a fin de enriquecer la propuesta de ley, cuyo propósito es crear un marco jurídico que dé certeza y seguridad a ese sector.

Destacó que México ocupa el vergonzoso segundo lugar en crímenes de odio contra integrantes de la comunidad lésbico gay. La diversidad sexual tiene muchos pendientes en México; se comete una enorme injusticia cuando se habla de sociedades incluyentes, pero no está presente casi 10 por ciento de nuestra población en los programas sociales y políticas públicas.

La iniciativa por la que se crea la Ley para Promover la Igualdad y la Protección de los Derechos de las Personas con Diversas Orientaciones Sexuales e Identidades de Género, expuso, establecerá la obligación de incluir a este grupo en las políticas públicas y programas sociales.

La ex diputada federal Patria Jiménez Flores, coordinadora del Clóset de Sor Juana AC, demandó que la iniciativa incluya reformar el artículo primero de la Carta Magna, a fin de elevar la identidad de género a garantía constitucional y cambiar el primer término de la frase preferencia sexual por orientación.

Aludió a la necesidad de una ley que impulse un mecanismo institucional, a escala nacional, para otorgar personalidad jurídica a la población LGBTTTI, para que ésta pueda gozar de patrimonio propio, así como de autonomía técnica y de gestión.

Jiménez Flores propuso que el Senado emita un punto de acuerdo para exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a eliminar de la Ley de Concordancia y Género los peritajes médicos para conceder identidad legal a personas transexuales y transgénero, pues ello representa una discriminación, que es una vergüenza.

Al planteamiento se sumaron activistas como Fabiola Estradiol Lullier, Gloria Hazel Davenport y Lol Kin Castañeda Badillo. Rechazaron asimismo la creación de un instituto nacional para atender a las personas de la diversidad sexual ya que, a su juicio, sólo se generará más burocracia que absorberá los recursos destinados a esta comunidad, sin cumplir su objetivo de respetar y hacer valer sus derechos.

Hubo también expresiones en contra de que la nueva ley incluya medidas como otorgar identificación especial a transexuales y transgénero para canalizarlos al hospital del VIH, negándoles atención en unidades del sector salud.

Al acto asistieron Gloria Hazel Davenport Fentanes, presidenta de Humana Nación Trans, y Fabiola Díaz de León, coordinadora general del Primer Grupo Político Asociado de la Comunidad LGBTTI, así como el subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Juan José García Ochoa, y representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En él se denunció que en las comunidades indígenas es muy grave la discriminación a los integrantes de la diversidad sexual en los ámbitos de salud, laboral, educativo, religioso y político, lo cual provoca que migren a sitios donde el acoso y persecución sea menor.

La senadora Sansores San Román se comprometió a impulsar un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para pedir al gobierno del Distrito Federal –donde hay una legislación avanzada en la materia– que se eliminen los trámites onerosos para expedir identificaciones a los miembros LGBTTI.

Adolfo Voorduin, coordinador general del Circuito por la Diversidad Sexual (Cidisex), señaló en entrevista que aunque es muy encomiable la realización de foros sobre derechos de la población no heterosexual en el Senado, dichos esfuerzos pueden verse empañados por el hecho de que los espacios no fueron acordados con las organizaciones civiles y por lo tanto no se conocen las bases de la convocatoria, los criterios de selección de los moderadores ni cómo se incorporarán las observaciones de los participantes.

Lamentablemente, este foro se ve empañado por el forcejeo político, tanto dentro del Senado como de las organizaciones de la sociedad civil, en lugar de ser motivo de alegría por los avances y esfuerzos realizados, lamentó el activista en un comunicado.

Voorduin recalcó que es absolutamente imperioso, en aras de unificar criterios de grupos que realizan trabajo sobre el tema LGBT, la puesta en práctica de políticas públicas, programas y presupuesto federal, en tanto los congresos estatales quieran responsabilizarse de las vidas de millones de personas que dependen de su compromiso como legisladores y emprendan las acciones necesarias para revertir la discriminación y la homofobia.