La persistente violencia en Michoacán pone en duda la estrategia gubernamental aplicada para enfrentar a los grupos de la delincuencia organizada, expuso el PRD en la Cámara de Diputados.

Por el lado priísta se sostiene que el combate a las acciones de los grupos que pretenden desestabilizar distintas regiones del país debe incluir una mejora del aparato de inteligencia, que prevenga que la sociedad continúe amedrentada por bandas de narcotraficantes, extorsionadores o secuestradores.

Jesús Valdés, diputado priísta, sostuvo que el gobierno federal ha optado por resolver el complicado escenario de violencia que se manifiesta en el país.

“Con una mejor coordinación entre las fuerzas policiacas, el Ejército y la Marina, sustentada también en el despliegue de mejores herramientas de inteligencia que sirvan de prevención del delito y contención de éste. No se puede exigir que una situación tan descompuesta como la que heredó el presidente Enrique Peña Nieto se pueda resolver en tan escaso tiempo.

Se están colocando las bases de coordinación y de trabajo, que no sólo darán resultados a futuro, ¡ya se han generado golpes certeros contra la delincuencia! Las acciones espectaculares de antaño sólo generaban un efecto adverso entre la sociedad, porque infundían temor y propiciaban una cultura de admiración a los delincuentes. Ahora se trata de resolver desde la raíz la grave ola de violencia que se abate sobre México.

Sin resultados inmediatos

Para Roberto López, diputado perredista, la administración federal aún no manifiesta en los hechos “la instauración de una nueva política que enfrente a la delincuencia organizada. Están dando palos de ciego y hace dos semanas llegamos a tal grado de dependencia de Estados Unidos en la lucha contra la delincuencia, que ese país fue el que ubicó al líder de Los Zetas”.

El diputado López aceptó que el combate a la delincuencia no dará resultados en lo inmediato, y sobre todo tras el desastre que dejó Felipe Calderón y su gobierno, pero la sociedad requiere conocer las bases fundamentales de una nueva estrategia, que incluso obligue a todos los mexicanos a ser más responsables en la resolución de las causas y los orígenes de la violencia criminal, que ha puesto en jaque a las instituciones del Estado en diversas zonas de la República.