Guanajuato, Gto., 26 de julio.

El representante de las 25 comunidades ñañús que serán afectadas por el trazo de la autopista Silao-San Miguel de Allende, Magdaleno Ramírez Ramírez, tramitó un amparo ante el juzgado segundo de distrito contra la licitación publicada el 2 de julio por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para esta vialidad de cuota.

Lamentó que el gobernador panista, Miguel Márquez Márquez, no suspenda la obra y pida que la nación ñañú sacrifique sus tierras, por lo que también solicitó a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato integrar una queja por los atropellos contra los indígenas y por las declaraciones discriminatorias del mandatario.

Advirtió que los 15 mil ñañús defenderán hasta con su vida la cultura, las tradiciones, los sitios sagrados y el territorio que será devastado por la obra impulsada por el gobierno del estado, pues carece de los permisos de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y viola la Ley para la Protección de los Pueblos Indígenas del Estado de Guanajuato.

En compañía de mujeres y niños de la etnia, el también presidente del Consejo Estatal Indígena dijo que la construcción de la carretera nos va a dividir socialmente, va a destruir nuestra cultura, hemos conservado estos centros ceremoniales que tienen miles de años, es un patrimonio que celosamente hemos conservado y lo seguiremos haciendo.

El gobernador quiere que sacrifiquemos a nuestras familias, están atropellando nuestro pueblo, están violando la Ley Indígena, pero a la empresa Bachoco y Taboada sí las respetaron. Exigimos una disculpa del gobernador, dijo la otomí Miriam Ramírez Ramírez.

Esto lo defenderemos hasta con la vida, nosotros estamos dispuestos a todo. Por un lado hemos sido respetuosos de nuestra autoridad, pero con esto que nos están tocando, vamos a sacar la casta, vamos a defendernos, adelantó Ramírez Ramírez.

Aunque la ex delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Guillermina Gutiérrez Lara, autorizó el trazo, la nueva titular del instituto, Gisela Cuén Garibi, alertó al gobierno del estado que la autopista dañará zonas arqueológicas y al patrimonio tangible e intangible de la cultura ñañú.

El asesor jurídico, del Consejo Estatal Indígena, Eduardo Iglesias, adelantó que interpondrán una denuncia penal en la Procuraduría General de la República (PGR) por las complicidades que hubo para que la ex delegada del INAH, hoy funcionaria estatal, Guillermina Gutiérrez Lara autorizara el trazo de la autopista.

Además, en 2007 la empresa Demist, del actual secretario de Obra Pública José Arturo Du- rán Miranda, fue la encargada de hacer el ante proyecto de la autopista, mediante el contrato SOP/OD/EP/CAM/LS/2007-029. La administración (2006-2012) pagó casi 3.5 millones de pesos al entonces contratista Durán Miranda.

Hay muchas complicidades, primero el visto bueno del INAH a pesar de las afectaciones a sitios ceremoniales y ahora la ex delegada del INAH ocupa un puesto de en gobierno del estado, hay algo muy dudoso porque la autoridad se empeña en mantener el trazo, acusó.