Integrantes de la Unión de Expendedores y Voceadores de Periódicos de México se manifestaron ayer frente a la delegación Cuauhtémoc para exigir al titular de la demarcación, Alejandro Fernández Ramírez, cesar la extorsión de la que son víctimas en esa zona, así como detener el desalojo con violencia de sus puestos de trabajo.

Con mantas y pancartas en las que se leía: Ni Victoriano Huerta desapareció los puestos de periódico; Alejandro, tengo un mes sin comer y Mi delito es dar la información al día, cientos de voceadores colmaron los pasillos de acceso a la instalaciones de la delegación y demandaron hablar con Fernández Ramírez para exponerle su problema y exigir solución inmediata.

Daniel Fierro Grijalva, secretario general de la Unión de Voceadores, explicó que actualmente 20 integrantes de la organización han sufrido el retiro de sus puestos y acotó que tres de ellos –que se localizaban afuera del Metro Revolución– sufrieron abusos, violencia y atropello.

Agregó que temen que las acciones violentas continúen y recordó que en la demarcación laboran 975 voceadores, cuyos puestos tienen entre 50 y 70 años de establecidos.

En entrevista, Fierro Grijalva destacó que personeros de la delegación exigen a los voceadores una cuota de 200 pesos semanales, los amenazan con el argumento de un supuesto reordenamiento del comercio y que tienen instrucciones de que las salidas de Metro deben estar liberadas.

María del Carmen Rojas Lara, una de las voceadoras afectadas, cuyo puesto estaba situado en Insurgentes Norte y Puente de Alvarado, narró que “autoridades de la delegación Cuauhtémoc llegaron de forma prepotente a decirnos que nos iban a batear nuestros puesto para pasarnos a otros lugar en donde no pasa gente, nos quieren matar de hambre.

Ante la demanda, Jorge Soria, director de reordenamiento de la delegación Cuauhtémoc, planteó la conformación de mesas de trabajo, pero el dirigente de los voceadores le contestó que ya llevan 40 días de mesas, sin que nada se solucione. La organización emprendió acciones legales, una demanda ante la contraloría del GDF y acudió a las comisiones de derecho humanos nacional y local, remarcó Fierro.