El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció el retardo injustificado en la liberación de los tres pobladores del ejido Puebla (municipio de Chenalhó, Chiapas), dos de ellos bases de apoyo del EZLN, detenidos por autoridades del mismo ejido la semana pasada bajo acusaciones falsas y mal intencionadas por presuntamente envenenar el agua de un tinaco.

El martes 23, a las 23:45 horas, fueron puestos en libertad bajo la figura jurídica de reservas de ley: Mariano Méndez, su hijo Luciano Méndez (ambos zapatistas) y Juan López, privados arbitrariamente de su libertad el día 20. Durante  las investigaciones judiciales, señala el Frayba, se retardó de manera injustificada la integración y determinación de la averiguación previa.

Durante su detención en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, Mariano, Luciano y Juan estuvieron encerrados, aproximadamente 67 horas en condición de insalubridad, sin recibir alimentos. Además, en la investigación judicial hubo retraso injustificado, por parte de la fiscal del Ministerio Público (MP), en la recepción y desahogo de las diligencias de las pruebas a favor de los detenidos.

Por otra parte, el Frayba registró nuevos datos y testimonios, sobre los hechos del 20 de julio en el ejido Puebla. Uno de ellos manifiesta: A las 20:30 horas, cuando estaba en mi casa comiendo, llegó un grupo de personas de la colonia Puebla que están con las autoridades ejidales. Ellos me dieron golpes con puño en la cara, en la espalda y en la panza, además me lastimaron el hombro, luego me llevaron a la cancha de basquetbol donde se encontraban Mariano y Luciano y ahí me amarraron.

Otro testimonio menciona: Se juntó toda la gente, nos amenazaban con rociar de gasolina. Identificó entre ellos a Agustín Cruz Gómez (comisariado ejidal), Juan Arias Gutiérrez, Juan Gutiérrez Arias, Alonso Jiménez López (quien era comisariado ejidal en 1997, año en que se desató la escalada paramilitar que culminaría en la masacre de Acteal), Antonio Hernández Gómez (también autoridad en 1997), Antonio Gutiérrez Méndez, Alejandro Gutiérrez Cruz, Mario y Javier Hernández Cruz, Javier Cruz López, Gustavo Entzin Cruz, Lorenzo Gómez Gómez. Los últimos, dice el testimonio, vemos que estaban involucrados en los hechos de Acteal el 22 de diciembre de 1997.

Las personas que dieron estos testimonios manifestaron temor por lo que está sucediendo en la región de los Altos y revelan, según el Frayba, que la situación de violencia ha venido empeorando después de las liberaciones de los responsables materiales de la masacre de Acteal, las cuales fueron otorgadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por lo expuesto, el Frayba externó preocupación y alerta, reiterando de manera urgente atención a la situación de violencia, ya que ha provocado violaciones a los derechos a la libertad, la integridad y seguridad personal, entre otros, incluidos en convenios y tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, por lo que insta a los tres niveles de gobierno su respeto y aplicación.