Arturo González de Aragón, ex titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), supervisará la aplicación de los recursos del programa nacional de prevención del delito, que este año tiene autorizada una partida de alrededor de 2 mil 500 millones de pesos.

Con una larga carrera en este sector, al concluir su gestión en la ASF González de Aragón aseguró que durante su periodo al frente de esa instancia desmanteló redes de corrupción, aunque sus críticos afirman que incurrió en conflicto de intereses, porque desde su cargo revisaba asuntos que involucraban, a su vez, a clientes de su despacho privado, entonces manejado por sus hijos.

González de Aragón y Asociados Contadores Públicos es una sociedad civil mexicana, constituida en diciembre de 1985. En la página electrónica de la empresa, el ahora auditor del principal programa nacional de prevención del delito aparece aún como presidente del consejo directivo.

La información publicitaria cita que en estos años ha tenido clientes de los sectores privado y público (Presidencia de la República, la entonces Secretaría de la Contraloría, gobiernos estatales, empresas paraestatales y la Contaduría Mayor de Hacienda, entre otros).

González de Aragón dejó su despacho en 2001 para asumir la titularidad de la ASF, cargo que dejó el último día de 2009 para reincorporarse a su empresa privada.

En este primer tramo del sexenio peñista será el responsable de fiscalizar la aplicación de recursos para la prevención del delito; la tarea de revisión es uno de los bastiones para la efectividad de este programa nacional, el otro es la medición de indicadores –para determinar la eventual reducción de violencia–, que estará a cargo del Inegi.

Funcionarios municipales consultados, reunidos ayer en la Secretaría de Gobernación, lamentaron que los recursos para la prevención del delito apenas estén llegando a las arcas de sus entidades.

Esta situación, afirmaron, les dificultará cumplir con el cronograma de metas, pero sobre todo, aseguran, se complicará la contratación de proveedores, porque el dinero no llega directamente a las alcaldías, sino a los gobernadores.

Por tanto, en esta parte de la cadena perciben que podría estropearse la óptima operación del programa, dependiente de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de Gobernación.

Si en mi municipio necesito un herrero, me lo tendrían que mandar de la capital del estado, porque en mi pueblo los herreros no dan facturas ni tienen inscritos a sus empleados en el Seguro Social, señaló uno de los funcionarios locales consultado.

Los recursos ya están etiquetados para las 57 demarcaciones donde se aplicará el programa este año; son las zonas, delimitadas incluso por colonias, donde es necesario reforzar el trabajo preventivo.

Además de las obras y servicios varios, en los que también participarán las secretarías federales, el énfasis es la atención a jóvenes y, en particular, al trabajo comunitario –y de convivencia social– para desactivar focos de violencia.