La delegación Miguel Hidalgo detectó una red de estacionamientos públicos cuyos dueños vendieron, en más de una ocasión, sus cajones a diversas empresas, por lo que procederá penalmente contra ellos y también formalizará quejas ante la Contraloría General del DF para que investigue a ex funcionarios de los delegados anteriores Alfredo Vinalay y Demetrio Sodi, del PAN, pues podrían haber incurrido en omisión en esos hechos.

De acuerdo con el titular de esa demarcación, Víctor Hugo Romo, hasta ahora se han detectado 18 casos de estacionamientos, todos en la zona de Polanco –algunos de los cuales carecían de licencia de funcionamiento– y que lo mismo vendieron el mismo cajón a un restaurante que a un bar o a otro negocio.

Romo Guerra dijo que luego de una auditoría realizada a esos establecimientos mercantiles se encontró que nunca se revisaron los documentos que presentaron muchos comercios de Polanco, con los cuales amparaban el hecho de contar con los cajones de estacionamiento a los que les obliga la ley, lo que llevó a que muchos negocios fueran defraudados por dueños de estacionamientos públicos.

Por ello, el jefe delegacional adelantó que acudirán a la Procuraduría General de Justicia del DF y a la Contraloría General para que se proceda conforme a Derecho.

A la par de esa situación, el jefe de la policía de esta capital, Jesús Rodríguez Almeida, precisó que en esa misma zona de Polanco se han estado cometiendo varios delitos durante las últimas semanas, entre ellos un asalto a una joyería, razón por la cual a partir de ayer se reforzó el operativo policiaco que se tiene ahí en marcha.

Fue precisamente el titular de la SSP quien encabezó el patrullaje, quien dijo que a los 70 elementos que ya había en la zona se sumaron otros cien uniformados.

Señaló que en lo que va del año se ha registrado una disminución del 21 por ciento en delitos de alto impacto en Polanco, y que en cuanto al robo a casa habitación descendió en 50 por ciento.

Dijo que en los primeros seis meses del año se han enviado a 175 personas al Ministerio Público, y mil 750 al juzgado cívico.