La Procuraduría General de la República (PGR) deberá buscar y dar a conocer el número de averiguaciones previas en que se haya ejercido acción penal por el delito de tortura –especificando a las autoridades acusadas en cada una de éstas–, así como la cantidad de investigaciones que hayan sido desechadas, ordenó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai). Al recibir una solicitud para entregar dicha información, la PGR declaró la inexistencia de la misma, argumentado que luego de una búsqueda en su Sistema Institucional de Información Estadística y el Libro de Gobierno, no localizó averiguaciones previas o actas circunstanciadas por el delito de tortura.