El coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Pablo Navarrete, admitió que intereses de tipo político impiden las alertas sobre violencia de género en el país, por lo cual ya se perfilan cambios relevantes al reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Se requiere sacar de la toma de decisiones a las dependencias federales (secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, Salud y Seguridad Pública; Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y otras instituciones que actúan como invitadas, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación) y los 32 institutos estatales de la mujer, porque se han convertido en juez y parte en el proceso para la declaratoria de la alerta de violencia de género, subrayó.

En entrevista con La Jornada, Navarrete reveló que, a propuesta de especialistas y organizaciones de derechos humanos y de género, se plantea que sea un grupo de expertas independientes y de reconocida calidad moral el que decida, con base en conocimientos técnico-científicos, no políticos, la aplicación de la alerta.

También se busca eliminar el freno de mano que no ha permitido la activación de la alerta (cuya declaratoria se ha rechazado en seis entidades), y que condiciona a que previamente haya una solicitud de investigación, señaló.

Se requiere, dijo, que la intervención de las autoridades sea inmediata, para poder garantizar la integridad física de las mujeres, destacó.

Por separado, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), exhortó al Inmujeres a abrir el proceso de consulta para la modificación del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de que participe el mayor número posible de asociaciones, expertos en el tema y la ciudadanía.

Afirmó que aún no queda claro el procedimiento para elegir al grupo de expertas, y anticipó que sería un grave retroceso solicitar a los gobiernos de los estados las alertas sobre violencia de género.

Sin embargo, Navarrete descartó que los gobiernos estatales queden como la instancia responsable de recibir las peticiones para la activación de las alertas, tras señalar que la petición se plantearía al Inmujeres, institución que sería la ventanilla de recepción de una solicitud.

De los mecanismos de elección del grupo de expertas, dijo que está a discusión aún. Hay múltiples propuestas; desde las que sugieren una convocatoria abierta hasta un proceso de elección transparente y democrático.

Respecto a los señalamientos del OCNF, sobre falta de voluntad de las autoridades para la activación de la alerta, aceptó que ésta debe dejar de verse como un riesgo político (por parte de los gobiernos estatales y municipales) y más como una posibilidad de intervención para frenar la situación de violencia contra las mujeres.

Según Navarrete, el proceso para reformular el reglamento de la alerta va muy avanzado, pero se incluirán más observaciones. Aseguró que a la fecha participan diversas organizaciones sociales y legisladoras de las cámaras de Diputados y de Senadores, de las comisiones de Equidad de Género, entre otras.

Sobre las órdenes de protección, emitidas para frenar la violencia individualizada, Navarrete reconoció que su eficacia plantea un desafío mayor al de la alerta de violencia de género, porque aún es muy lenta la respuesta de las instituciones de justicia para hacer frente a la situación de violencia contra las niñas y las mujeres del país.

Además, implica una armonización de las legislaciones de los estados, porque en éstas impera la discriminación, fuente de violencia y un obstáculo para la procuración de justicia de género.