n 1997, cuando apenas comenzaba a imponerse en México la política oficial de evaluación estandarizada (es decir, la utilización de un referente o instrumento externo y único de evaluación) y surgían las protestas por ese motivo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos optó por defender a ultranza la primera de esas evaluaciones masivas: el examen único para el ingreso al bachillerato. Como ya en ese momento el artículo tercero constitucional establecía que todo individuo tiene derecho a recibir educación, la comisión no podía alegar que el reclamo de los jóvenes excluidos carecía de sustento y optó entonces por decir que había una confusión: “No debe confundirse –decía– el derecho a la educación con el derecho a ingresar a las instituciones de nivel medio superior y superior”. Una vez establecida esa distinción, era entonces posible defender el examen de selección y de exclusión pues el que se le impidiera el acceso a una escuela no significaba que se negara el derecho a la educación. La distinción permitía incluso llegar al extremo de plantear que precisamente la desesperada competencia entre los jóvenes por no quedar excluidos era lo que aseguraba la igualdad en el acceso a este derecho: El principio de igualdad de oportunidades supone una situación en la cual varias personas compiten entre sí para la consecución de un objetivo único e indivisible: el ingreso a las instituciones de educación superior (ver, del autor, La medida de una nación, páginas 566-567, 562).

Hoy en 2013, la CNDH se ve en la necesidad de tomar una posición frente a la evaluación estandarizada pues desde hace meses tiene en sus manos la queja que contra el examen único le presentó el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES). Aunque los organizadores del examen único (UNAM, IPN, etcétera) han cancelado ya la exclusión más evidente, la de aquellos aspirantes que no alcanzaban determinado puntaje, siguen manteniendo otros criterios que de manera eficiente cumplen el mismo propósito, como el cobro de varios cientos de pesos como condición indispensable para acceder y permanecer en ese nivel educativo, y un examen que a la hora de distribuir los lugares siempre da preferencia a los aspirantes de género masculino y a los de estratos sociales más favorecidos.

La situación de los derechos humanos en el examen único ha cambiado poco, pero el contexto ciertamente ya no es el mismo. Ahora el derecho a la educación media superior es constitucional, con lo que no cabe ya aplicar la distinción de 1997. Pero además, hoy los exámenes estandarizados están siendo seriamente cuestionados. Las detalladas denuncias de los maestros y especialistas han contribuido a desnudar la inoperancia y carácter contraproducente de una evaluación construida a partir de patrones únicos de referencia para una nación plurirregional y pluricultural. Y la SEP acaba de cancelar la prueba Enlace y el examen para seleccionar maestros, ambas estandarizadas. Ya antes, la Conapred había encontrado discriminatoria a la prueba Enlace y la SEP misma utiliza exámenes de selección para sus universidads interculturales. La UACM y las preparatoriass del GDF no utilizan estos exámenes y, desde hace medio siglo, casi la mitad de los admitidos a la UNAM lo hacen sólo con base en el promedio (pase automático). Y, como aparece en los análisis que entregó el MAES a la CNDH, mientras que los rasgos de discriminación por género y origen social se mantienen entre los que se seleccionan con base en el examen, esos rasgos desaparecen en el caso de los admitidos sin examen.

En este contexto, la CNDH puede optar por seguir defendiendo la evaluación estandarizada, con la ayuda de alguna imaginativa tesis, pero también puede recomendar a la SEP que, en un momento en que desde el Ejecutivo la evaluación es motivo de discusión y de cambios importantes, abra un diálogo sobre los derechos humanos en el acceso a la educación, la ampliación de la cobertura y la garantía de una educación equitativa para todos en la media superior. La participación de maestros, estudiantes, padres de familia, pero también autoridades, especialistas y de la propia CNDH y otros organismos podría ofrecer alternativas a un mecanismo que muestra crecientes limitaciones. Entre otras, que ha propiciado un significativo incremento en la deserción en este nivel.

* Profesor/investigador del Departamento de Educación y Comunicación, UAM-Xochimilco. Su libro más reciente es La medida de una nación.