El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó ayer diferir en ocho mensualidades el embargo de 25 millones 134 mil pesos de las prerrogativas que corresponden al Partido de la Revolución Democrática (PRD), para cubrir una deuda con un particular por servicios de tres asambleas informativas y 47 días del plantón en el Zócalo de la ciudad de México, en 2006.

La decisión de dividir el pago, ordenado por un juzgado civil, se tomó a solicitud expresa del representante del PRD ante el IFE, Camerino Márquez Madrid, y con siete votos a favor y uno en contra del presidente del órgano electoral, Leonardo Valdés Zurita.

A propuesta de la consejera Macarita Elizondo Gasperín, el Consejo General instruyó a la Dirección de Prerrogativas para exhibir los billetes de depósito correspondientes ante el juzgado 56 civil del Distrito Federal, por los montos respectivos, así como a la dirección ejecutiva para la administración de los plazos de pago.

Al argumentar su voto en contra de dividir la retención en ocho mensualidades, Valdés Zurita sostuvo que hacerlo implicaría alargar el pago de intereses de la deuda del PRD, y que este costo se trasladaría a los recursos públicos de los que proviene el financiamiento a los partidos.

La postura de Valdés Zurita provocó el reclamo de Márquez Madrid, quien sostuvo que además de lo inusitado de la sanción, es lamentable escuchar al presidente del instituto, que debería velar por los partidos y no por los intereses particulares.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo General, los consejeros expresaron que descontar recursos de las prerrogativas de los partidos, para que éstos puedan cumplir sus obligaciones civiles y mercantiles, sentará un precedente que puede derivar en la presentación innumerable de juicios de este tipo al IFE por el no pago de los institutos políticos a sus proveedores.

Asimismo, los consejeros expresaron que el Congreso debe tomar este caso como ejemplo para legislar en materia de competencias entre el Poder Judicial y la autoridad electoral, respecto de juicios mercantiles y civiles, y para que el propio Consejo General ponga límites al monto de endeudamiento que puedan contraer los partidos.

Los consejeros Lorenzo Córdoba y Alfredo Figueroa explicaron que la decisión de retener ese monto de las prerrogativas del PRD parte de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sin embargo no se pronunció sobre el fondo del asunto. Esto es, si los recursos a que tienen derecho los partidos son embargables o no.

Lorenzo Córdoba expuso que las ministraciones de los partidos por financiamiento público están constitucionalmente protegidas, lo cual –acotó– no implica que los partidos no deban cumplir sus obligaciones.

Pero una cosa es el financiamiento público y otra el resto de los bienes de los partidos, que sí están sujetos a embargo, manifestó.