El presidente de la Coparmex-DF, José Luis Beato, denunció que seis de cada 10 negocios son extorsionados por funcionarios de segundo nivel, principalmente en las delegaciones Coyoacán, Tlalpan y Cuauhtémoc, donde se les exige una inscripción de un millón de pesos y una colegiatura mensual de 15 mil, como derecho de protección.

Dicha situación ha provocado el cierre de micro, pequeños y medianos establecimientos; mientras, grandes empresas constructoras, departamentales y de autoservicio han decidido postergar sus proyectos de inversión, porque no están dispuestos a dar mordidas, cuando cumplen con todos los requistos.

La amenaza de que personal del Instituto de Verificación Administrativa llevará a cabo inspecciones es una constante para obligar a los establecimientos a pagar, pues está en juego su patrimonio y los empleos que genera, al faltarles algún documento para estar ciento por ciento regularizados, comentó.

El directivo patronal explicó en entrevista que en los primeros seis meses las extorsiones de las administraciones de Mauricio Toledo, Maricela Contreras y Alejandro Fernández han sido sistemáticas.