a desaparición de la Evaluación Nacional de Logro Académico en los Centros Escolares (Enlace), confirmada el pasado jueves por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet, es en sí misma una buena noticia si se atiende a las críticas formuladas desde hace años por especialistas, organizaciones sociales, autoridades escolares, docentes y familiares de estudiantes en contra de la referida prueba, considerada un instrumento inoperante desde el punto de vista técnico y pedagógico –por pretender evaluar con exámenes estandarizados realidades sociales diversas–, que ha resultado, en consecuencia, profundamente ineficaz para mejorar la calidad educativa.

En efecto, a más de un sexenio de que se inició la aplicación de la referida prueba, los resultados hablan por sí mismos: según datos de la propia SEP, a lo largo del sexenio pasado seis de cada 10 alumnos de educación básica se situaron en los niveles elemental e insuficiente de la citada prueba, y esa proporción se eleva a casi ocho de cada 10 en lo que respecta a los estudiantes de secundaria.

Por si fuera poco, la aplicación de la Enlace se ha traducido en diversos efectos contraproducentes en los ámbitos laboral, político e institucional. El hecho de que la misma esté vinculada con la obtención de beneficios económicos por parte de los docentes constituye un incentivo perverso para que las labores de éstos se orienten casi exclusivamente a la memorización de los contenidos de la Enlace por parte de sus educandos. El persistente empeño de las autoridades educativas en aplicar la prueba ha sumado un factor de discordia y conflicto con el magisterio de la CNTE y ha atizado la campaña de linchamiento mediático y acoso oficial contra ese sector. Por lo demás, son cada vez más recurrentes los señalamientos sobre actos de corrupción cometidos a la sombra de esta evaluación, como la venta de los exámenes de la Enlace en días previos a su aplicación.

No obstante tales consideraciones, el fracaso de la Enlace no es más que un síntoma del carácter fallido del modelo de evaluación de la enseñanza y de las consecuencias negativas de abordar un asunto público, complejo y multidimensional como la educación con una visión tecnocrática, reduccionista y basada en la recompensa económica y en el castigo. Lejos de desaparecer, ese modelo se ha consolidado en meses recientes, con la aprobación de una reforma constitucional en materia educativa que condiciona el ingreso, promoción y permanencia de los docentes en el sistema educativo a la aprobación de evaluaciones estandarizadas y que ha sido ampliamente rebatida y cuestionada. En tal perspectiva, y a la luz del anuncio de que la Enlace será remplazada por otra herramienta de diagnóstico educativo –diseñada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación–, es posible que los vicios y las carencias de la prueba comentada, lejos de desaparecer, se reproduzcan y amplíen con las nuevas evaluaciones.

Es necesario, por último, insistir en que, para atender los grandes rezagos actuales en la educación pública se requiere más que instrumentos de diagnóstico para identificar sus causas: a fin de cuentas, cualquier aporte que pueda derivarse de tales herramientas es insuficiente en un entorno marcado por el abandono deliberado de las obligaciones del Estado en materia educativa, el desdén presupuestario hacia los ciclos de enseñanza pública y los diversos ejes de inequidad social que recorren el país, los cuales inevitablemente trastocan y afectan el proceso de enseñanza.