Los ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas en el estado de Oaxaca se han intensificado de manera preocupante desde 2012, en una ola de violencia que tal vez no ha causado el gobierno de la entidad pero que sí ha tolerado al no detener y castigar a los responsables, advirtió Alba Cruz, integrante del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha.

El balance de la situación es difícil. Ha habido un aumento de las agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas, y para muestra tenemos la desaparición del activista Herón Sixto López (ocurrida el 15 de julio) y el asesinato de Alberto López Bello, reportero del diario El Imparcial, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el miércoles anterior, lamentó.

Aunque el clima de violencia en Oaxaca no es un fenómeno reciente, apuntó Cruz, de unos dos años para acá sí se han intensificado los ataques, como pasó en el periodo 2006-2008, y sigue sin haber respuesta de las autoridades para proteger a los comunicadores y los activistas de organizaciones independientes.

No puedo decir que las agresiones han sido auspiciadas desde el gobierno, pero sí consentidas, porque durante mucho tiempo hemos venido denunciado lo que sufrimos. Es la falta de acceso a la justicia lo que produce la repetición de los actos, los hace permisibles. Necesitamos respuestas, eso es lo que estamos gritando, enfatizó.

En el mismo sentido diversos colectivos oaxaqueños que forman parte de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) emitieron ayer un comunicado en el que manifiestan su preocupación por los ataques contra periodistas y los defensores de derechos humanos en la entidad, así como por la criminalización de la lucha social.

Según datos de la Red TDT, entre 2012 y 2013 han ocurrido 35 agresiones contra activistas de organizaciones civiles en Oaxaca, lo que lo pone como el estado con mayor índice de ataques. De igual forma, un reporte de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ubica a la entidades como una de las más peligrosas para la defensa de las garantías individuales.

Por todo ello, las organizaciones firmantes subrayaron la necesidad de crear mecanismos efectivos de protección para los dos gremios atacados, llamaron al gobierno local a coordinarse con el federal en esa tarea y denunciaron la participación de diversos servidores públicos en las agresiones.

De su lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que ya dio inicio a una investigación sobre el asesinato de Alberto López Bello y dijo ver con especial preocupación los agravios contra periodistas, pues con ellos se vulnera también el derecho de toda la sociedad a estar debidamente informada.

En tanto, en México las instituciones de procuración de justicia se han convertido en permisionarias de las agresiones hacia los defensores de derechos humanos, pues 98 por ciento de los casos que se presentan no han sido resueltos, acusó Agnieszka Raczynska, integrante de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos.

Lo anterior como parte del foro La defensa de los derechos humanos en Oaxaca, donde se dio a conocer que un informe realizado por la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Oaxaca se encuentra en los primeros lugares en violación a las garantías individuales junto con Chihuahua, Coahuila, Guerrero y el Distrito Federal.

La activista precisó que de acuerdo con un seguimiento realizado en Oaxaca, del 2012 a la fecha se registraron 35 agresiones en contra de defensores de derechos humanos. Destacó el homicidio de cuatro personas, así como amenazas, hostigamiento, allanamientos, robos, vigilancia y detenciones arbitrarias.

Al foro asistieron también Javier Hernández, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Alba Cruz de Código DH; Minerva Martínez del Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (Barca DH),

Ahí, Alba Cruz dijo que las denuncias se abren e investigan, pero no se les da seguimiento. Una de las problemáticas que se presentan para los trabajadores de las instancias de procuración de justicia, señaló, es que no existen peritos especializados.

Por lo que afirmó es un problema de estructura (en la procuración) de la justicia, no hay acceso ésta, pero yo no podría decir que se deba a que un servidor público específico no este haciendo su trabajo.

Precisó que en Oaxaca sólo se tiene un caso consignado y con órdenes de aprehensión, pero no hay nadie sentenciado, y es el asesinato de Betty Cariño, activista que murió el 27 de abril del 2010, durante la primera Caravana rumbo a San Juan Copala.

Destacó que los sitios más peligrosos para los defensores en Oaxaca son los municipios donde se desarrollan los llamados megaproyectos, como en el Istmo de Tehuantepec, en la zona de San Dionisio del Mar, donde se pretende instalar un parque eólico.