esde hace dos años, cual jinetes del Apocalipsis neoliberal se ciernen sobre la Sierra Norte de Puebla, región con presencia significativa de indígenas nahuas, totonacos y otomíes, las amenazas de corporaciones de la maldición minera, proyectos de construcción de hidroeléctricas y ciudades rurales, mismos que pretenden despojar a los pueblos de sus territorios y de recursos vitales para su reproducción, y que han provocado la reacción inmediata de los afectados, quienes conforman diversos esfuerzos organizativos, entre ellos el Consejo Tiyat Tlali y Serranos Unidos en Resistencia Indígena, que se suman a los ya existentes, como Causa Indígena de Zapotitlán de Méndez o Unidad Indígena Totonaca Náhuatl.

Ya Rosa Rojas –en excelente reportaje– había alertado en estas páginas, a finales de diciembre del año pasado, en torno a la triada minas-hidroeléctricas-ciudades rurales, que se complementan entre sí en sus planes de despojo territorial, desplazamiento y concentración de población, proletarización de campesinos autosuficientes para volverlos dependientes del mercado y de trabajos precarios para sobrevivir. (Despojarnos, meta de ciudades rurales: campesinos de Puebla, La Jornada, 29 de diciembre de 2012). Rojas dio a conocer la existencia de informes fragmentarios sobre proyectos de al menos seis hidroeléctricas en la región que proporcionarían energía a las explotaciones mineras a cielo abierto, así como el anuncio del gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, al inicio de su periodo, en torno a la construcción de 50 de las llamadas ciudades rurales sustentables, a pesar de que en Chiapas han demostrado su fracaso total.

Informes provenientes de la región refieren sobre numerosas reuniones durante este año, tanto internas de las organizaciones opositoras a estos proyectos, como de éstas con diversas instancias de los gobiernos estatal y federal, en particular, con el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, quien por sus declaraciones a La Jornada de Oriente respecto a que las corporaciones mineras violentaban el derecho de consulta de los pueblos originarios, establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, fue objeto de furibundos ataques de los abogados de oficio de las empresas extranjeras en los medios de comunicación, como José Antonio Ortega, quien en dos entregas lo tildó de apologeta del grupo armado ilegal y criminal (responsable al menos [de] un centenar de muertes) conocido como EZLN y de amenazar a toda la industria minera, cuestionando el articulista la existencia misma del derecho a la consulta en el citado convenio (EPN contra la inversión extranjera, Milenio, 6 de junio y 3 de julio de 2013).

En el documento fundacional de Serranos Unidos en Resistencia Indígena, fechado en octubre de 2012 y titulado: Luchar por la vida, oponerse a la muerte, se reitera que al no consultar a los pueblos indígenas como establece el Convenio 169 de la OIT, esto es, de manera previa, libre e informada, cualquier concesión o autorización puede considerarse nula de pleno derecho, sintetizando las demandas de la organización, que agrupa también a no indígenas, en dos principales: a) cancelación de concesiones mineras, autorizaciones de construcción de hidroeléctricas y proyectos de ciudades rurales; b) autorización de un presupuesto etiquetado para elaborar el programa regional: Todos los pueblos, todos los derechos, como alternativa al despojo que pretenden llevar a cabo el Estado y las corporaciones, y con base en el ejercicio del derecho a un desarrollo endógeno que defina las prioridades regionales.

Hay conciencia en el conjunto de las organizaciones de que la problemática central es la violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, aunque los no indígenas están dando la lucha por otros medios, como es la figura de la consulta pública, de la cual la Semarnat hace simulaciones a modo de las empresas. Por ello, se pone especial atención a la consulta indígena previa libre e informada, que se considera un componente importante de la lucha, aunque no el único, pues compañías como GESA, SA de CV, están convocando a reuniones en las comunidades, y aprovechando las condiciones de miseria, ofrecen salarios, supuestamente de 500 pesos diarios para –siguiendo los patrones ya conocidos de ingeniería de conflictos– enfrentar a opositores con quienes acceden a estos ofrecimientos, llegando a conformar grupos de choque y hasta de sicarios, como lo prueba la experiencia en varios países de América Latina, incluyendo México. Cunden rumores de que el gobierno del estado quiere montar un escenario de provocación por estar informado de la firme voluntad de las comunidades indígenas y no indígenas de oponerse a la triada fatal. Cabe señalar que personeros de la dirección general del gobierno de la entidad y diputados locales de los partidos del Pacto por México hacen labor de convencimiento entre los habitantes para aceptar las hidroeléctricas y las mineras a cielo abierto.

Antorcha Campesina, por su parte y como era de esperarse, apoya a las empresas donde mantiene su hegemonía, como es el caso de Huitzilan de Serdán, aunque hay otras comunidades indígenas, como San Miguel del Progreso, en la ribera del río Zempoala, que han manifestado su oposición a los proyectos corporativos apoyados por los gobernantes neoliberales entreguistas y sus amanuenses mediáticos.

Los habitantes de pueblos y comunidades de la Sierra Norte de Puebla, indígenas y no indígenas, están conscientes de que están en juego su vida y la de sus hijos, sus aguas, bosques, y sus formas propias de organización e identidad, si no logran detener estos proyectos depredadores que sólo benefician a las empresas y los grupos dominantes. La unidad frente a un adversario poderoso redundará en la prevalencia de los seres humanos sobre el capital.