Culiacán, Sin., 18 de julio.

Jornaleros agrícolas sufren condiciones de semiesclavitud, cautivos en empacadoras hortícolas de Sinaloa, hacinados en viviendas precarias e insalubres y obligados a comprar sus comestibles en tiendas de raya.

El esquema aplicado por los horticultores, poderoso sector en el campo sinaloense, tiene la complicidad de enganchadores o contratistas, entre quienes destaca la familia Monterrubio, originaria de Hidalgo, que consigue mano de obra en esa entidad, así como en San Luis Potosí y Veracruz, y viola sus derechos laborales, en colusión con autoridades locales y federales.

De las 170 empresas de Sinaloa que siembran de hortalizas, buena parte para exportar a Estados Unidos, cerca de 30 no respetan los derechos laborales y en ellas persisten condiciones de semiesclavitud, con tiendas de raya propiedad de los empresarios o de concesionarios, dijo Cresencio Ramírez, dirigente de la Red Democrática de Pueblos Indígenas en la entidad.

Aseguró que unos 25 mil jornaleros agrícolas reciben alrededor de mil 600 pesos para trasladarse de sus lugares de origen a Sinaloa para trabajar en los campos. Los apoyos provienen de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y los entregan las oficinas del Servicio Nacional del Empleo, pero los recursos no llegan o se entregan incompletos a los jornaleros. Sospechamos que los enganchadores se quedan con el dinero, afirmó Ramírez.

Anteriormente, agregó, la mayoría de los jornaleros venía de Oaxaca; ahora son de Guerrero, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Zacatecas y Chiapas, zonas de influencia de los Monterrubio.

Negocios de familia

Los hermanos Monterrubio tienen influencia entre las autoridades de Sinaloa y federales que manejan programas de atención a jornaleros, entre ellos la Sedesol. Son una mafia, dijo una funcionaria federal.

Las denuncias en corto llegaron a Enrique Evangelista, director del Servicio Nacional del Empleo, quien supo de las operaciones irregulares de los Monterrubio en ésta y otras entidades, pero no ha actuado.

Arropados por la Alianza de Comunidades Indígenas de la Región Huasteca, los Monterrubio tienen una red de alrededor de 50 enganchadores. Son agricultores, horticultores locales muy poderosos que tienen trato con la familia Monterrubio, que viene de Hidalgo pero opera en varios estados, entre ellos San Luis Potosí, donde incurren en lo que muchos llaman trata de personas y esclavismo, reveló un funcionario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que pidió anonimato.

Entre las firmas que cuentan con los servicios de los Monterrubio están Agrícola Nazario, ubicada cerca de la comunidad El Limón de los Ramos; Agrícola Espinoza Pablos, el campo El Sol, a unos metros de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa; Agrícola Beltrán Beltrán, Valores Hortícolas y Agrícola Nueva Yamel, todas en el municipio de Culiacán.

En algunas de esas empacadoras de tomate, pepino y chile se sirve a los jornaleros un desayuno que consiste en pan con café, y la comida es caldo de papa o lentejas. Los platos no siempre se lavan o se quedan a la intemperie, al igual que la comida. Las infecciones gastrointestinales y otros padecimientos son frecuentes.

Los horticultores contratan enganchadores, quienes pagan a los jornaleros cada dos meses, cuando finalizan sus contratos, o al final de las cosechas, para mantenerlos cautivos. De esta manera evitan contraer responsabilidades laborales con los empleados, las cuales delegan en los enganchadores, quienes tampoco las asumen.

En Agrícola El Poni, en el norte de Culiacán, los jornaleros se inconformaron. Tres de ellos, menores de edad, escaparon y denunciaron malos tratos en mayo de 2009. Posteriormente un grupo armado se llevó a cerca de 100 jornaleros, quienes luego fueron liberados.

Con alrededor de 20 años en el negocio del enganche de jornaleros y presencia en Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y otros estados, los Monterrubio, liderados por Margarito, han sido vinculados con homicidios y negligencia criminal en algunas regiones, en perjuicio de los jornaleros, algunos de ellos menores de edad.

En marzo de 2005 se les relacionó con la muerte de Alberto Hernández, huasteco de 17 años, quien pereció por supuesto contacto con plaguicidas en Nayarit. Según el expediente DH/114/2005 de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Nayarit, el joven fue sometido a condiciones de trabajo inhumanas.

Fuentes cercanas a las indagatorias señalaron que en julio de 1998 José Monterrubio, miembro del clan, fue acusado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas de ser autor intelectual del asesinato del indígena Lucio Morales Hernández. La dependencia inició la averiguación previa 558/98.

La empresa Bioparques de Occidente, propiedad de inversionistas sinaloenses y con sede en Culiacán, es investigada por trata de personas y privación ilegal de la libertad en San Gabriel, Jalisco, en perjuicio de 42 familias, 191 hombres, 45 mujeres y 39 menores, de los cuales 24 padecen algún grado de desnutrición.

Este esquema de contratación de jornaleros es el mismo que aplican los Monterrubio, aunque se desconoce si tienen relación con el caso de Bioparques.

En Sinaloa, un jornalero gana entre 100 y 120 pesos diarios si corta la cosecha en cuatro surcos de unos 200 metros cada uno. El surco suele pagarse a 25 pesos y la cubeta llena de jitomates a 1.75 pesos, lo que significa que el trabajador debe acumular en un jornal de ocho horas unas 80 cubetas.