En América Latina, la desigualdad de ingresos, que es la mayor en el mundo, ha provocado un incremento en las prácticas corruptas, así como mayores desafíos para la transparencia y la rendición de cuentas, pues aunque en los últimos años los líderes de la región son electos por vías democráticas, los asuntos públicos se manejan en secreto, los gobernantes no informan a la población de sus decisiones y tampoco son sancionados por sus faltas.

De acuerdo con el reporte ¿Tiene la transparencia una recompensa para la gobernabilidad democrática y el desarrollo humano? del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaborado por Gerardo Berthin y Charlotta Sandin, la mayoría de las nuevas democracias en la región enfrentan serios retos en esta materia.

Una buena parte de las instituciones y legislaciones en la zona tienen serios vacíos y limitantes orientados a conservar el poder del Ejecutivo, a ofrecer poco control sobre los abusos de este poder, y a tener pocas disposiciones para asegurar la autonomía de las entidades, alerta.

Las imperfecciones en la información incrementan los costos de transacciones y dan lugar a relaciones asimétricas entre el gobierno y los gobernados, afectando adversamente procesos democráticos clave tales como los de participación ciudadana, indica el análisis.

Por otra parte, enfatiza que la desigualdad económica y la toma de decisiones centralizada pueden proveer una tierra fértil para las prácticas corruptas y hasta pueden justificar el comportamiento ilícito, lo cual puede conllevar a mayor desigualdad.

Si los ciudadanos consideran que los servicios públicos son ineficientes o que las principales instituciones son corruptas, difícilmente valorarán los beneficios obtenidos de la gobernabilidad democrática, agrega.

Advierte que los países latinoamericanos, aunque han hecho algunos cambios rápidos en materia de transparencia y rendición de cuentas, éstos no son suficientes ya que se requiere enfrentar problemas estructurales como lo son la alta estratificación social y la desigualdad.

Así, sostiene que para que los ciudadanos empiecen a confiar en la democracia necesitan sentir que serán tratados de forma imparcial y que sucumbir a las justificaciones para la tolerancia de la corrupción no es rentable.