La Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma al artículo 73 de la Constitución para que el Congreso de la Unión cuente con la facultad de expedir la legislación única en materia de procedimientos penales y de ejecución de penas en el orden federal y en el fuero común.

Con 453 votos en favor, el pleno avaló también agregar la atribución al Congreso de expedir las leyes generales en materia de secuestro y trata de personas, así como a legislar en materia de delincuencia organizada.

Los diputados aprobaron modificar la fracción 21 del artículo 73 constitucional, donde se define que las leyes generales contra el secuestro y la trata de personas deberán definir como mínimo los tipos penales y sus sanciones, así como la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.

En la presentación de posturas para respaldar la minuta del Senado, diputados de todos los grupos parlamentarios expresaron que este es el primer paso para unificar los procedimientos penales y terminar con la dispersión de códigos y sanciones, que permiten a los delincuentes evadir la justicia con sólo trasladarse a un estado distinto.

Permitirá aplicación correcta de los cambios en derechos humanos

El diputado Carlos Angulo (PAN), secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, explicó que el crecimiento de la inseguridad y la delincuencia, derivado de las difíciles condiciones socioeconómicas del país, no ha podido ser enfrentado porque persiste un sistema penal inadecuado.

Resaltó que el modelo vigente da gran oportunidad a los delincuentes de trasladarse de un estado a otro sin ser sancionados, por lo que la unificación y sistematización de criterios permitirá mejor coordinación y mayor certidumbre jurídica.

La aplicación de la reforma, dijo, permitirá también –con la constitucional en materia de derechos humanos– reparar el daño a las víctimas, e incluso dejar a salvo las garantías de quienes cometan un delito.

Mientras, la diputada Fabiola Bárcenas (PRI) expuso que la diversidad de códigos ha provocado la dispersión de los procedimientos penales y restado uniformidad en el tratamiento de infractores; destacó que uno de los resultados que se buscan con la modificación constitucional es que los fiscales dejen de poner precio a sus servicios.

No obstante, el pleno rechazó una propuesta de la diputada Loretta Ortiz Ahlf (PT) para que en la misma fracción se facultara al Congreso a legislar en materia de tráfico de migrantes, desaparición forzada, feminicidio y delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o libertades de expresión o imprenta.

Refirió que no se ha logrado unificar la legislación estatal para perseguir estos delitos, a pesar de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y desgraciadamente por esto se generan zonas grises para favorecer a los responsables.