El único consejero electoral que se opuso al dictamen sobre los gastos de campaña que aprobó el Instituto Federal Electoral (IFE), sobre el cual elabora un voto particular, Alfredo Figueroa, sostiene que su objeción central es el carácter ‘‘anticonstitucional e ilegal’’ de partes medulares del documento, que en los hechos rompieron la equidad al momento de la revisión de las erogaciones y la ponderación de sanciones que correspondían.

En entrevista, subraya que la objeción va más allá de las posibilidades que les otorgaba a los partidos la legislación vigente, sino que en los hechos ‘‘la interpretación de la Unidad de Fiscalización (UF) implicó una distorsión en la aplicación de la norma’’ en favor de una coalición parcial.

En ese contexto, Figueroa alertó que podría haber entre 200 y 350 millones de pesos que fueron indebidamente prorrateados por la UF y avalados por el IFE a partir de un prorrateo en el que se incrementaba el número de candidatos involucrados.

La distorsión de criterios de la Unidad de Fiscalización hizo que los gastos de la coalición Compromiso por México se dividieran entre 510 candidatos y no 365 como máximos posibles con respecto a los otros partidos, toda vez que se contabilizó doble en aquellos distritos en que el PRI y el PVEM fueron adversarios, asegura Figueroa.

El instituto debió haber sancionado de entrada por el monto involucrado en este prorrateo ilegal y luego determinar su impacto en el rebase de topes de campaña, afirmó.

–¿Ello hubiera implicado el rebase de topes de campaña de Enrique Peña Nieto?

–Es muy probable, eso no lo sé, porque no se hicieron las corridas, pero desde luego habría un efecto importante en términos de sanciones, pero lo que aplicó la UF desnaturalizó el instrumento legal para mediar con eficacia el gasto real entre los candidatos a un mismo cargo, no sólo en la suma total del gasto de los partidos que se dividiera entre otros aspirantes.

Esto tuvo como efecto que una coalición tuviera más margen de gasto, sin rebasar el tope del mismo, porque al poderlo dividir entre más candidatos hay más recursos a invertir en detrimento de la equidad.

Pero no fue el único elemento que impactó la equidad en la valoración de gastos. Lo fue también la forma como se valoraron y sancionaron los gastos no reportados, afirma el consejero, porque la forma en que lo hizo la autoridad provocó que quienes no reportaron los gastos (74 por ciento de los 184 millones de pesos fueron de la coalición Compromiso por México, el PRI y el PVEM) se beneficiaran de su propio dolo.

Y cita a manera de ejemplo: ‘‘Si no reportas un espectacular, lo que hizo la UF fue contabilizarlo conforme al promedio de costo que encontró, pero evidentemente no es lo mismo un espectacular en la sierra de Puebla que en el Periférico. Eso favorecería que, en este rubro, un partido pudiera no reportar los espectaculares donde podrían estar cotizados a 60 mil pesos, por ejemplo, con la premisa de que los contabilicen, si los detectan, a 17 mil’’.

Por otro lado, en un mensaje que mandó a la estructura interna del IFE, el consejero presidente, Leonardo Valdés afirmó que si bien el proceso de fiscalización reflejó la urgencia de que existan cambios legislativos en el modelo, el IFE ‘‘enfrentó con éxito el desafío de aplicar por primera vez el nuevo modelo de fiscalización en una elección de Presidente, senadores y diputados.Nuestro instituto ha cumplido una vez más con la responsabilidad que le asigna la Constitución’’.