San Miguel de Allende, Gto., 16 de julio.

Ante la negativa del gobierno estatal a modificar el trazo de la autopista Silao-San Miguel de Allende, los afectados tramitarán un amparo e interpondrán una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), advirtió el asesor jurídico del Consejo Estatal Indígena y del Frente Pro Patrimonio, Eduardo Rubén Iglesias Bálsamo.

El gobernador panista Miguel Márquez Márquez y el secretario de Obra Pública del estado, José Arturo Durán Miranda, tienen expedientes sobre la afectación que causará la vialidad a la cultura de 25 comunidades otomíes, a zonas arqueológicas y a la naturaleza, y aún así se niegan a replantear el proyecto, lamentó.

Iglesias Bálsamo dijo que tramitarán un amparo para que el Poder Judicial de la Federación ordene detener la obra por violar la Ley para la Protección de los Pueblos Indígenas del Estado y por no tener permisos de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El gobierno del estado muestra una doble moral: por un lado dijo que iba a modificar el trazo para no afectar a las comunidades indígenas, pero insiste con la ruta y la licitación publicada el 2 de julio, acusó.

La denuncia ante la PGR será para que se investiguen las irregularidades y omisiones técnicas en el dictamen de la autopista, aprobado por Guillermina Gutiérrez Lara, ex delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y actual directora de vinculación de asuntos arqueológicos del gobierno guanajuatense.

Precisó que existen dos omisiones graves en el dictamen. Una es que el trazo pasa sobre un sitio arqueológico identificado desde hace 20 años, información que poseía la ex delegada. La otra, que no se tomó en cuenta el patrimonio cultural inmaterial protegido por la Unesco.

Para la administración estatal, acusó, la población otomí no existió nunca. Hay graves omisiones del INAH y de la Secretaría de Obra Pública. Simplemente mandaron sus cuadrillas de topógrafos, quienes pretendieron anular la opinión de la gente afectada.

Piden que intervenga la CNDH

Iglesias Bálsamo exhortó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato a intervenir ante las violaciones cometidas por la Secretaría de Comunicación y Transportes, que publicó la licitación, y por el gobierno del estado.