a captura de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, ocurrida el lunes pasado en un operativo de la Secretaría de Marina en Tamaulipas, constituye sin duda un importante golpe al cártel de Los Zetas y, por extensión, a la delincuencia organizada en torno al narcotráfico. No obstante su relevancia, el hecho debe ser puesto en una perspectiva realista y ajena a posturas triunfalistas, sobre todo en la medida en que coloca a la actual administración ante un reto mayúsculo e inmediato: evitar una retroalimentación de la violencia similar que ha sucedido en otros episodios.

En efecto, la experiencia reciente indica que la captura o el abatimiento de presuntos jefes del narcotráfico, si bien afecta el funcionamiento de las organizaciones criminales, termina por derivar más temprano que tarde en la multiplicación de la violencia –como resultado de la competencia sucesoria en la línea de mando de los cárteles–, en el fortalecimiento de bandas delictivas rivales y en la creación de nuevas organizaciones criminales, que generalmente operan en forma más caótica y sanguinaria.

La razón fundamental de esa continuidad en la violencia es que las detenciones de presuntos líderes de la delincuencia organizada, por importantes que sean, no trastocan las condiciones económicas, sociales y financieras que hacen tan rentable el negocio ilícito del trasiego de drogas. La reflexión resulta particularmente necesaria a la luz de datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que reflejan una caída generalizada del ingreso de los hogares del país –de alrededor de 12 por ciento durante el sexenio pasado– y una agudización de las de por sí precarias condiciones de vida que enfrenta la población, sobre todo la de estratos sociales más bajos, situación que persiste durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Datos como los mencionados obligan a recordar que las acciones gubernamentales emprendidas desde el sexenio pasado en contra de los cárteles –y que fueron definidas genéricamente como guerra contra el narcotráfico por el ex titular del Ejecutivo federal Felipe Calderón– se han centrado hasta ahora en atacar sólo la expresión epidérmica de un profundo deterioro social e institucional, en el que convergen la pobreza, la marginación, el desempleo y la corrupción, y en combatir mediante operativos policiaco-militares un fenómeno que posee también una insoslayable dimensión económica: el narcotráfico es una fuente de empleo para cientos de miles o quizá millones de personas, y una alternativa para un número indeterminado de personas marginadas de la economía formal y legal.

El reto que enfrenta la presente administración es evitar que la captura del Z-40 derive en escenarios similares a los observados en pasados episodios, y ello no podrá lograrse sino con la modificación de la estructura económica, social e institucional que da origen y alimenta las expresiones delictivas en general, y el narcotráfico en particular. Si actúa en ese sentido, estará en condiciones de obtener avances más significativos en el restablecimiento del estado de derecho que los obtenidos hasta ahora con el combate policiaco-militar a las organizaciones delictivas. En caso contrario, el gobierno federal en turno corre el riesgo de convertirse en un administrador del clima generalizado de violencia y barbarie heredado de su antecesor.