Aun con decenas de recomendaciones de organismos nacionales e internacionales e incluso sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por agresiones y violaciones a las garantías fundamentales de las mujeres, persiste en el país la violencia contra ese sector.

Datos de ONU Mujeres muestran que cinco de cada 10 mexicanas mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia. Señalan también que las entidades donde ocurren más agresiones en su contra son el estado de México, el Distrito Federal, Nayarit, Sonora y Colima.

Al respecto, Gloria Ramírez, titular de la cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lamentó que en nuestro país no exista un solo detenido por casos paradigmáticos de ataques contra la mujer como el llamado campo algodonero, donde fueron encontradas las osamentas de varias jóvenes de Ciudad Juárez; los abusos sexuales de militares contra Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú –casos por los que la CIDH emitió sentencias contra el Estado mexicano–; las agresiones sexuales en el operativo policiaco de San Salvador Atenco, en mayo de 2006, y los asesinatos de defensoras de derechos humanos y periodistas, entre otros.

Indicó que la impunidad persiste porque las autoridades mexicanas únicamente han creado instituciones, pero no se ha llegado al castigo a los responsables.

“Hay una cultura de la violencia contra la mujer instalada en México. El que no haya resultados concretos se debe a que los agresores no son detenidos; el no llegar a la verdad de las causas de las agresiones, asesinatos y feminicidios favorece la violencia. Hay que tomar medidas de sanción para detenerlo.”

Para la académica universitaria, se envía un mensaje de impunidad a los agresores cuando no se sancionan los delitos contra las mujeres. Se debe terminar con la simulación en las instituciones que se han creado para garantizar a la mujer una vida libre de violencia; las leyes son buenas, aunque perfectibles, pero hay que cumplirlas, ése es el reto. Primero hay que aceptar que no se ha respondido a todo, analizar en qué se puede seguir avanzando y resolverlo. Se trata de una decisión política.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares asienta que la entidad con mayor índice de violencia de pareja es el estado de México, con 56.9 por ciento. Le siguen Nayarit y Sonora (53.7), el Distrito Federal (51.9) y Colima (50.2). Por el contrario, el estado con menos reportes de ese tipo de violencia es Chiapas, con 29.8 por ciento.

Trece de cada 100 mexicanas (13.5 por ciento) han sido víctimas de ataques físicos que pueden consistir en golpes, intentos de ahorcamiento o asfixia. También son amarradas, pateadas o agredidas con algún tipo de arma.

En cuanto a las agresiones sexuales, a siete de cada 100 (7.3 por ciento) les han exigido o han sido obligadas por sus parejas a tener relaciones sexuales cuando ellas no quieren o las han forzado a realizar acciones que no les gustan.

El reporte agrega que cuatro de cada 10 mujeres en el país (42.4 por ciento) han sufrido violencia emocional con humillaciones, menosprecio, encierro, vigilancia o la destrucción de sus pertenencias o de objetos del hogar. Muchas son amenazadas por su pareja con abandonarlas, correrlas de la casa, quitarles a sus hijos o asesinarlas, o con matarse el propio compañero. Otras más son amagadas con un arma.

Dos de cada 10 (24.5 por ciento) son objeto de violencia económica al recibir reclamos por parte del compañero sentimental por la forma en que gastan el dinero, prohibirles trabajar o estudiar o despojarlas de dinero o bienes (terrenos y propiedades, entre otros).