omandante Espartaco, ¿me puedo tomar una foto con usted que reprimió a mis compañeros maestros de Guerrero? –le preguntó un profesor chiapaneco democrático al policía José Luis Solís López, en Tuxtla Gutierrez, Chiapas, el pasado 5 de julio.

Espartaco, recientemente condecorado por el presidente Enrique Peña Nieto en el Día del Policía Federal, se rió y accedió a que lo retrataran junto al maestro disidente. Al hacerlo, probablemente tenía presente lo que le dijo al diario Excélsior el pasado 13 de mayo: Su servidor fue educado y tuvo cultura por parte de un maestro. Llega un momento en que piensa uno, bueno, a mí me educó, me dio enseñanza un maestro con cultura, civismo, y sobre todo mexicano.

José Luis Solís López, comandante de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público de la Policía Federal, fue a Chiapas para resguardar la tranquilidad el congreso de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), como parte del Convenio de Civilidad firmado por intermediación de la Secretaría de Gobernación entre el magisterio democrático de ese estado y los grupos afines a Juan Díaz de la Torre. Irónicamente, apenas en abril de este año, en Chilpancingo, Guerrero, él fue el responsable del desalojo de los profesores disidentes que bloquearon la Autopista del Sol.

Espartaco simboliza la ambigua naturaleza de las respuestas que el gobierno federal ha dado al movimiento magisterial en contra de la reforma educativa. Una ambigüedad que comienza por el apelativo de su mando policiaco. Que el comandante José Luis Solís López se bautice a sí mismo con el nombre del esclavo tracio que entre los años 73 y 71 antes de Cristo dirigió la rebelión antiesclavista más importante contra la república romana merecería una demanda por robo de derechos de autor o por usurpación de identidad. Espartaco ha sido siempre un símbolo de la izquierda, de las luchas libertarias, no del poder.

¿Qué pretende hacer la administración de Peña Nieto ante la insurgencia de los trabajadores de la educación? ¿Qué va a hacer a partir de ahora? Además de quitarle presión al conflicto, de tratar de encarrilarlo por vías institucionales y mantener la gobernabilidad, no está claro.

Lo cierto es que quienes diseñaron la reforma nunca previeron la magnitud y radicalidad que adquirió la protesta. Fue evidente que mintieron quienes desde el Pacto por México aseguraron tener bajo control el movimiento. Y cuando la conflictividad se desbordó la campaña de medios, el uso de la fuerza pública y las órdenes de aprehensión fueron ineficaces para contener el malestar. Más tarde, el gobierno federal apostó a que Juan Díaz y la estructura del SNTE servirían de dique. Chiapas mostró que el envite resultó equivocado.

En los últimos siete meses, el gobierno pasó de la organización de grandes ofensivas informativas en favor de la reforma educativa y en contra del movimiento a la apertura de espacios de diálogo; de satanizar y criminalizar las protestas, a facilitar reuniones con el Pacto por México y convocar a foros de reflexión sobre la nueva norma constitucional: de perseguir penalmente a algunos dirigentes regionales a permitir la negociación de demandas relevantes del magisterio en Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca; de defender irracionalmente la prueba Enlace a anunciar que se estudiará su aplicación en el futuro.

¿Qué hará el gobierno federal frente a la lucha magisterial? Las señales que manda son confusas y en ocasiones contradictorias. El 29 de junio, la policía reprimió salvajemente el 26 congreso seccional extraordinario de la sección 7, para impedir una victoria del magisterio disidente. Pero días después, el 5 de julio, se reanudó el evento estatutario y se reconoció el triunfo del Bloque Democrático. Allí estuvo Espartaco. Al terminar, Manuel Velasco, gobernador de la entidad, corrió a la celebración magisterial para levantar la mano al dirigente triunfador y tomarse la foto con él.

Como resultado de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y del retroceso en la opinión pública del apoyo a los cambios a los artículos tercero y 73 constitucionales, la Secretaría de Gobernación acordó la realización de 10 foros nacionales sobre la reforma educativa. Enmarcando prácticamente todos los foros se colocaron mantas con variaciones del óleo de Jorge González Camarena titulado La patria, que ilustró la portada de los libros de texto gratuito entre 1962 y 1972, y que es un símbolo del estrecho vínculo que existe entre el magisterio, la educación pública y la nación.

A todos los eventos asistió un delegado de la Secretaría de Gobernación, un funcionario educativo estatal y unos pocos diputados. Numerosos maestros participaron y presentaron magníficas ponencias. A la reunión final llegaron delegados de 29 entidades federativas. Sin embargo, no hubo debate ni diálogo. Los enviados gubernamentales saludaron la reunión, pero guardaron silencio sobre los asuntos sustantivos a discusión. Su oferta se limitó a anunciar la presentación de las conclusiones a las instancias correspondientes.

Ahora, el tiempo se agota. La CNTE exige la abrogación de la reforma, una moratoria y un gran debate nacional para definir un nuevo proyecto educativo. En sentido contrario, legisladores trabajan en la redacción de tres leyes secundarias sin consultar nuevamente a los maestros, al tiempo que anuncian su aprobación en un periodo extraordinario de sesiones en agosto. En esa dinámica, el choque de trenes parece inevitable.

¿Qué hará el gobierno federal ante este dilema? ¿Atenderá las demandas del magisterio? ¿Las ignorará? ¿Qué le depara el futuro inmediato a Espartaco? ¿Reprimirá a los maestros que lo educaron como lo hizo en Guerrero o se tomará fotos con ellos como en Chiapas? La hora de la verdad está cerca.