Las indagatorias de la Contraloría General del Instituto Federal Electoral (IFE) sobre las irregularidades registradas (en 2009) en la compra de un inmueble ubicado en la avenida Acoxpa, que tuvo un precio de 225 millones de pesos, han concluido.

Ante las evidencias de que el entonces director de Recursos Materiales y Servicios del IFE, Gustavo Orozco Arroyo, realizó ‘‘reiterados actos’’ para elevar el precio final del inmueble en detrimento del patrimonio público, le impuso una multa de 124 millones de pesos.

Esta sanción es similar a la que en su momento propuso el contralor Gregorio Guerrero para el ex director ejecutivo de Administración, Fernando Santos. A diferencia de lo sucedido en marzo, cuando los consejeros cerraron filas para validar una adquisición que habría causado un quebranto patrimonial del tamaño de la multa y exonerar de toda responsabilidad a quien era un hombre cercano al consejero presidente, Leonardo Valdés, la sanción a Orozco no puede ser cancelada por el Consejo General del IFE sino que, en su caso, deberá dirimirse en un litigio laboral.

Las imputaciones a Orozco se remiten al proceso de compra del edificio de Acoxpa 436, efectuado entre 2008 y 2009 tras un largo trámite administrativo, en el cual el IFE admitió y validó modificaciones sustanciales al avalúo original del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Idaabin).

Originalmente valuado en 118 millones de pesos pasó a 125 millones en un segundo avalúo de esa misma instancia (que se conoció como producto de la investigación), lo que fue desdeñado para optar por uno de Banobras.

Las indagatorias de la contraloría establecen que a partir de ahí el desempeño tanto de Santos como de Orozco fue en favor de los intereses de los propietarios y alentar la adquisición del edificio, casi en el doble del precio originalmente valuado.

Según las indagatorias, Orozco fue pieza clave en las diversas acciones tendientes a comprar el inmueble a un precio sobrevaluado, comparativamente con el avalúo original. Entre las diversas irregularidades detectadas en su contra destacan un oficio inusual dirigido al director del Idaabin, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, para abogar en favor del propietario, solicitando reconsiderar (al alza) el avalúo original, tomando en cuenta las inversiones realizadas por el dueño.

En esa consideración, Orozco, lejos de velar por los intereses del IFE, argumentó contra el avalúo original a partir de condiciones específicas del inmueble, por lo que se estima que los oficios remitidos al Indaabin revelan que el funcionario actuó en contra del patrimonio del instituto.

En ese periodo, como parte del procedimiento se desdeño un segundo avalúo por 125 millones de pesos del propio Indaabin, con el argumento de que se había entregado extemporáneamente, y posteriormente se acudió a Banobras para realizar otro avalúo que finalmente resultó más cercano al precio de compra: 262 millones de pesos. Luego se justificó que se lograron reducciones en la adquisición del inmueble en negociaciones con el propietario.

Entre otras irregularidades detectadas en la adquisición, que eran del conocimiento de Santos y de Orozco, en el avalúo y el precio final pagado se aludía a la totalidad del inmueble, cuando en realidad el IFE estaba adquiriendo un edificio en condominio (hecho irregular de suyo), sin hacer mención a que sólo se trataba de la Unidad A, de poco más de 11 mil metros, y no la Unidad B, de unos mil metros.

Asimismo, se detectó que el Instituto Federal Electoral asumió el pago de impuestos de forma irregular, lo que también derivó en detrimento del patrimonio institucional, responsabilidad de los funcionarios involucrados en la compra irregular.