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El Estado no debe ser omiso en indagatorias, recomiendan

Aportan ONG temas al proyecto sobre justicia militar y desaparición forzada
 
Periódico La Jornada
Domingo 14 de julio de 2013, p. 7

Durante las consultas que realizará el Senado entre juristas y grupos de la sociedad civil, con respecto a su proyecto de dictamen sobre el código de justicia militar y la desaparición forzada, es necesario que se haga énfasis en que el Estado deje de ser omiso al momento de investigar ese crimen de lesa humanidad y que los uniformados que atenten contra civiles sean juzgados por los tribunales ordinarios, señalaron activistas de derechos humanos.

Adrián Ramírez, director de la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos, saludó la posibilidad de que sea escuchada la opinión de diversos especialistas y enfatizó que en el tema de la justicia militar debe obedecerse la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del luchador social Rosendo Radilla, desaparecido por elementos del Ejército en 1974.

Hay que ser tajante para que cualquier hecho de violencia de un miembro de las fuerzas armadas contra un civil sea competencia de la justicia ordinaria, pero también es una oportunidad para discutir si los tribunales militares deben depender del Ejecutivo, quien los nombra mediante la Secretaría de la Defensa Nacional, consideró.

Por otro lado, habría que incluir en esta discusión un apartado que establezca con mayor claridad la prohibición de que el Ejército y la Marina participen en labores de seguridad pública, así como definir los límites de los agentes extranjeros en la capacitación de los uniformados y plantear mecanismos para erradicar la tortura y otras prácticas criminales.

Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, también consideró que es fundamental dejar claro que los abusos de soldados contra civiles no pueden ser abordados por tribunales militares.

Con respecto al tema de las desapariciones forzadas, el activista indicó que es necesario crear una ley que prevenga ese delito de lesa humanidad y le dedique todos los recursos necesarios a la búsqueda de las víctimas –empezando por formar un registro confiable de ellas– y el castigo a los responsables.