nte la resistencia de la derecha brasileña y de sus partidos a tomar nota del cambio en la relación de fuerzas políticas en el país tras las movilizaciones estudiantiles y populares que lo conmovieron, Dilma Rousseff, que estaba girando hacia la derecha, se ve obligada ahora a marchar en cambio hacia la izquierda aunque con gran cautela.

En efecto, se reunió con la Central Única de Trabajadores (CUT) y con el Movimiento de los Sin Tierra, que a su vez se incorporaron al movimiento cuando éste creció y ahora presentan reivindicaciones obreras y campesinas, y recibió, además, en el palacio presidencial a los indígenas amazónicos; mientras, en el campo económico, destinaba unos mil 360 millones de dólares a los municipios para que refuercen sus planes sanitarios, de educación y los servicios públicos. La izquierda del Partido de los Trabajadores, por ejemplo en Río Grande do Sul, después de las movilizaciones por el Pase Libre instauró ya en las localidades que gobierna el boleto gratuito para todos, mientras la CUT paró este jueves exigiendo la semana laboral de 40 horas y que educación y sanidad reciban, respectivamente, 10 por ciento del producto interno bruto.

El gobierno de Dilma se ve obligado a evolucionar social y políticamente hacia la izquierda porque, por un lado, tras las movilizaciones masivas la aceptación de la política de la presidente cayó 27 por ciento y su relección automática ya en la primera vuelta de los comicios, que parecía asegurada, se esfumó y, por otro, porque la derecha está exigiendo la renuncia del ministro de Hacienda –para aplicar una política aún más proempresarial– y, en el campo sindical, Fuerza Sindical (FS), burocrática y opositora y Conlutas (de izquierda) quisieron darle al paro nacional del día 12 no el carácter de jornada de lucha (como plantea la CUT para presionar al gobierno, pero apoyándolo), sino de huelga general, para derribar al gabinete.

Ni Lula ni Dilma apelaron jamás a una movilización de los trabajadores, con los que cuentan sólo como votantes (y en esto se diferencian del gobierno boliviano y del venezolano). La CUT se asimiló al gobierno, se sometió y dejó de tener reivindicaciones propias y, como la izquierda del PT, fue tomada a contrapié por el movimiento contra el alza del precio del transporte. Tanto Lula como Dilma aplicaron una política neodesarrollista y extractivista en el contexto de un curso neoliberal suavizado por el asistencialismo estatal a los más pobres y favorecieron, en el campo, al agronegocio, y en la ciudad, a las grandes empresas. Entre otras cosas, ese apoyo, por ejemplo, a la industria del automóvil, plantando caña para hacer etanol en vez de alimentos o dando créditos para la compra de autos, dio como resultado el caos y la contaminación en las ciudades y la congestión creciente del tránsito, así como el abandono del transporte público.

El movimiento juvenil por el Pase Libre, inicialmente sólo para los estudiantes, cambió las relaciones de fuerza en favor de los trabajadores y, sobre todo, rompió la resignación interrumpida por protestas y la seguridad en sí mismos. Se comprobó que era posible anular medidas de los poderosos, salir a luchar y ganar. De golpe, con la gratuidad del transporte, los trabajadores más pobres suman a sus consumos un 33 por ciento de sus salarios, que antes debían dedicar a pagar las latas de sardinas que les llevaban a trabajar para otros. Además, comprobaron que los servicios (educación, sanidad, transporte) deben y pueden ser gratuitos y deben ser pagados por impuestos directos según la fortuna, no por los impuestos indirectos como el IVA, que gravan a los más pobres en medida muy superior a los ricos.

La situación económica difícil de Brasil, a pesar de todas las concesiones a la gran minería, a las grandes empresas, a los bancos, a los soyeros y el agronegocio, ponen al gobierno –que está en pleno periodo prelectoral en el que la derecha se prepara a recuperar el mando del Estado– ante una terrible disyuntiva: o desvaloriza fuertemente la moneda, reduciendo drásticamente los salarios reales de los trabajadores y de las clases medias para favorecer a los exportadores y hace saltar así por el aire el Mercosur o, por el contrario, por lo menos hasta después de las elecciones, cede a la presión social y hace concesiones económicas a los trabajadores y campesinos; mientras, en lo político, se apoya en las movilizaciones, que trata de limitar y controlar, para forzarle la mano a la derecha y al Congreso y abrir el camino a una reforma política y un plebiscito que la derecha resiste. Dilma, por eso, se ve obligada por primera vez a apoyarse en una movilización y una huelga nacional obrera que espera poder canalizar hacia el PT en las elecciones y hacia el gobierno después de las mismas. Es probable que, si juega bien sus cartas, vuelva a ganar la presidencia sin demasiados problemas y consiga canalizar en parte la protesta social, pero existe también el peligro de que el repudio a partidos y sistema sea canalizado por un berlusconismo brasileño porque la protesta social no tiene aún un canal político que la represente, ni puede ofrecer hasta ahora otros objetivos fuera de exigir medidas muy populares pero puntuales: transporte gratuito en todo el país, fondos para educación, que es pésima, y para sanidad hasta en las zonas rurales, que carecen de servicios.

Pero lo nuevo ya se instaló en Brasil: por primera vez en la historia del país, se realizó de hecho una huelga general, arrancada por las movilizaciones populares e impuesta por éstas a los sindicatos, el PT y el gobierno mismo. Incluso si la presidente tiene que reducir su actual alianza con los empresarios incorporará a pesar suyo al gobierno, indirectamente, la presión callejera, lo cual es incompatible con su estructura y su política.