rimero lo despojaron, con la reforma 1995-1997, de su principal soporte financiero: los fondos pensionarios, que fueron privatizados en el SAR. Lógicamente, muy poco después las finanzas institucionales y el evidente deterioro en los servicios mostraron los estragos de la decisión tomada por Ernesto Zedillo.

En las ganancias de las Afores está, ahora, ese ahorro financiero que suma casi 2 billones de pesos. Antes de la reforma-Zedillo permitió cubrir religiosamente al IMSS, sin fallo alguno, pensiones hasta de 25 salarios mínimos. Pero ese ahorro forzoso pagará, en 2021, pensiones de apenas 2 mil 179 pesos a 71 por ciento de quienes se jubilarán. Un trabajador promedio se irá con una pensión mínima garantizada igual a 25 por ciento de su último salario, después de 30 años de servicio.

Además del hoyo financiero que generó la privatización pensionaria, la nueva ley 1995-1997 contempló un flujo de recursos frescos por concepto de los gastos médicos para pensionados a cargo de gobierno federal (Ley del Seguro Social, duodécimo transitorio). Dieciséis años después, el gobierno federal nunca ha cumplido.

En 2000 arribaron los panistas al poder y con ellos Santiago Levy. Entonces nació el diagnóstico deliberadamente equivocado sobre el peso del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores del IMSS, intentando encubrir la magnitud del hoyo financiero generado por la reforma-Zedillo y culpar –desprestigiándolos– al principal activo institucional: médicos, enfermeras y profesiones afines amparados en el mejor contrato colectivo de trabajo (CCT) de América Latina.

Lamentablemente, el primer informe 2012-2013 sobre la situación financiera y los riesgos del IMSS -Peña, a cargo de José Antonio González Anaya –que como primera pieza de la segunda alternancia debió haberle cambiado hasta el título–, ha comprado ese apocalíptico diagnóstico sin atreverse a reconocer los verdaderos determinantes de la encrucijada financiera de la principal institución que dota de salud y seguridad social integral a los mexicanos. Tampoco atina la respuesta de la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Su secretario general, Manuel Vallejo –recién afiliado al PRI–, ni menciona la reforma-Zedillo ni propone alternativas.

Pero tan o más grave que lo que compra del diagnóstico panista es lo que, ya como nuevo, el PRI propone y, sobre todo, lo que no dice.

A diferencia de los panistas, sugiere ¡no pedir ni medio centavo al gobierno federal!, ni, por supuesto, elevar las cuotas-obrero-patronales, aunque quiere, simultáneamente, mejorar la productividad institucionalidad conteniendo el gasto. Amenaza con buscar esquemas innovadores (¿como los que casi les exige el sector asegurador vía Fernando Solís Soberón, la AMIS, Banorte y Funsalud?) y alude a mejores prácticas, cuando la norma del IMSS heredado por Calderón son insoportables tiempos de espera y carencias insultantes.

Propone (con ecos de los tiempos idos del otro priísmo) mejorar el modelo de atención; desarrollar áreas de gestión desconcentrada así como desconcentración y autonomía de los procesos. Claro que sin decir cómo ni con qué impactos. En suma: un informe que regresa al pasado, con escaso registro del debate contemporáneo, pero que no renuncia a ampliar la seguridad social para cumplir con la universalidad Peña Nieto. ¿Cómo?

El informe no dice una palabra sobre la corrupción endémica que desató el panismo. Y al intentar tomar distancia de ellos en relación con el incremento de aportaciones del gobierno federal, asume una modernización que, para operar, requiere cambios en el CCT y cuya revisión integral acontecerá en 2013. Sobre esto: ¡nada!

Recientemente, González Anaya declaró que todos los trabajadores que han entrado de 2008 en adelante, ingresan a un sistema financieramente sostenible y autosustentable. Debemos ver más allá de este tema. Y que hay que hacer un plan integral de mejoramiento de la calidad. ( Reforma, 24/6/13) ¿En qué quedamos?

Mientras Emilio Gamboa, ex director del instituto, frena en el Senado una de las pocas reformas que aportaría a sus finanzas, porque estamos analizando si viene una reforma más amplia para darle viabilidad. ¿Ni un peso más para el IMSS?

La pregunta clave es: ¿alcanzarán las propuestas del nuevo PRI para cubrir el déficit institucional en 2013? ¿Alcanzarán para cubrir el acumulado de los próximos años? ¡Desde luego que no! González Anaya está al frente del instituto para no pedirle nada al gobierno federal. ¿Cómo cumplirá?

Sólo la merma de los recursos pensionarios de los trabajadores (minusvalías) de mayo-junio 2013 en Afores: ¡155 mil mp! Superan varias veces los diferentes estimados del informe sobre ese déficit institucional, mientras el rebalanceo de cuotas (para transferir excedentes de las reservas de invalidez, vida y riesgos de trabajo al de enfermedades y maternidad) significa que el IMSS vuelve, de facto, al entramado de su ley 1973. El rebalanceo propone lo que la reforma-Zedillo se propuso evitar.

El primer informe neopriísta aún apocalíptico, con propuestas añejas y peligrosos silencios, muestra que Peña puede conducir el IMSS a donde quiera, sin ruta estratégica para atender la principal y más urgente demanda de la derechohabiencia: mejorar los servicios y actualizar el catálogo de prestaciones a la altura de una ciudadanía plural del siglo XXI.

El IMSS-Peña y su director entrante enfrentarán ahora el difícil reto de conciliar la falta de un análisis veraz sobre los determinantes que presionan sobre la institución con la urgencia de cumplir la publicitada universalización. Ciertamente, un reto difícil y con muchos costos, si de cumplirle a las mayorías nacionales con mejores servicios y prestaciones integrales se tratara.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco