l Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo llevado a cabo por el Consejo de Derechos Humanos (CDH) del Sistema de Naciones Unidas. Empezó en 2008 y terminó el año pasado una primera revisión de la situación de los derechos humanos en los 193 estados miembros de la ONU. Tiene entre sus objetivos revisar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos de los países en esa materia, así como evaluar los progresos y retos que cada uno registra. Para ello, la troika, conformada por tres naciones seleccionadas para preparar esta tarea, recibe y compila información proporcionada por el Estado que será examinado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y por las organizaciones de la sociedad civil.

Actualmente está en curso la segunda ronda de revisión, y México, que por primera vez fue evaluado en 2009, será examinado por segunda ocasión en octubre próximo sobre la situación de las garantías fundamentales en el país y el cumplimiento de las recomendaciones que se le hicieron en la primera vuelta. Cabe subrayar que este nuevo mecanismo permite la revisión entre pares, es decir, que son los mismos estados parte los que evalúan el trabajo de determinado país. En 2009, el grupo de trabajo que revisó al Estado mexicano emitió 91 recomendaciones, de las cuales ocho fueron rechazadas con el argumento de que ya se estaban aplicando acciones para resarcir los errores y omisiones en esos temas. No se entiende entonces por qué el gobierno ha incumplido las sentencias que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre cinco casos de violaciones a las garantías realizadas por el Estado mexicano.

Ante este importante mecanismo internacional de revisión, organizaciones de la sociedad civil han elaborado una serie de informes sombra que permiten hacer contrapeso a la opinión que el gobierno mexicano tiene sobre su gestión en materia de derechos humanos. Este tipo de informes adquieren gran relevancia por la falta de mecanismos oficiales de seguimiento a las recomendaciones hechas a México, y debido al reto que se tiene para integrar a la sociedad civil en el proceso de evaluación periódica sobre la situación de derechos humanos ante la ONU. A juicio de los grupos civiles, ¿cuáles son los puntos que desde 2009 están pendientes? Se tendría que comenzar señalando que el Estado mexicano no ha cumplido con sus tareas en materia de fuero militar, pues hasta la fecha se ha visto impedido un recurso legal efectivo que permita juzgar en tribunales civiles a militares responsables de violaciones a derechos humanos, con lo que ha prevalecido la impunidad.

Otro de los puntos tiene que ver con los delitos del pasado, pues pareciera que para los gobiernos este es un tema de menor importancia, y por ello estas graves violaciones a las garantías fundamentales se mantienen en una situación de excepción. Lo mismo hay que decir en relación con el tema del arraigo, pues a pesar de que la Suprema Corte de Justicia lo había declarado inconstitucional, y de que nueve mecanismos internacionales han recomendado su eliminación de la Constitución y de las prácticas de investigación, éste se encuentra aún enquistado en el sistema judicial mexicano. Otro tema pendiente tiene que ver con la tipificación del delito de delincuencia organizada, pues México no ha logrado armonizar sus definiciones con la Convención de Palermo.

A cuatro años del primer examen periódico, México guarda una situación todavía más grave en materia de garantías fundamentales. En efecto, de acuerdo con uno de los informes presentados por la sociedad civil, el elaborado por la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, en conjunto con más de 30 organizaciones, el EPU en su segunda vuelta encuentra a México envuelto en un clima de violencia generalizada y en medio de una continua militarización, de asesinatos que oscilan entre 60 mil y 100 mil, de una fuerte criminalización de la protesta social, de cientos de miles de personas desplazadas y de periodistas y defensores de derechos humanos perseguidos y asesinados. Por ello, sin reparo, las organizaciones aseguran que México enfrenta un deterioro en materia de derechos humanos. Reconocen, sí, la trascendencia de la reforma constitucional en la materia realizada en junio de 2011.

Sin embargo, señalan la gravedad de iniciativas al interior del Congreso que pretenden revertirla, así como que la armonización de la legislación local tiene pocos avances. Asimismo, hacen evidente que en México se carece todavía de mecanismos adecuados para acceder a la justicia y reparar los daños en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que conlleva la falta de garantías del derecho de las comunidades al consentimiento previo, libre e informado en la aplicación de megaproyectos que, como se ha visto, generan un incremento alarmante de comunidades desplazadas, negación de un nivel de vida digno y alejado de contextos de miseria, ausencia de garantías de derechos culturales, y daños graves al medio ambiente.

Es urgente que en estos foros internacionales se inste al Estado mexicano a buscar por todos los medios la erradicación de la tortura y la tipificación correcta en los códigos penales federal y locales de la desaparición forzada. Temas de esta envergadura, y muchos otros que por espacio ahora no mencionamos, hacen visible que las organizaciones civiles están dando un cabal seguimiento a este proceso, y que su informe dista mucho de los datos que puedan proporcionar los diversos órganos del Estado mexicano. Las organizaciones insisten en la necesidad de que el gobierno dé a conocer cuanto antes el informe que presentará a las Naciones Unidas, que tiene como límite el próximo 22 de julio, pues a la fecha ninguna de las organizaciones que han hecho interlocución con organismos internacionales tienen claridad sobre los mecanismos de participación que supuestamente aplicó el gobierno para el EPU. Para conocer en cambio los informes de la sociedad civil, puede uno remitirse al sitio epumexico.wordpress.com