Por órdenes de personajes vinculados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) decidió quitar el registro al Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México (STUHM) el 19 de junio, tras considerar que dicha agrupación altera la paz pública, denunciaron los afectados.

José Luis Solorio y Raúl Celestino Pallares, dirigentes del STUHM, señalaron en conferencia de prensa que la decisión de la JFCA representa una aberración jurídica y su intención es atemorizar a cualquier colectivo que busque luchar contra el corporativismo, los sindicatos blancos y los contratos de protección.

Ante esa decisión ilegal –en violación de una orden del decimotercer tribunal colegiado del primer circuito en materia de trabajo–, los trabajadores interpusieron un amparo directo en contra de la junta y exigieron la destitución del coordinador de asesores, Víctor Manuel Calleja, a quien relacionaron con la cúpula de la CTM.

Su miedo es que si rompemos este eslabón, los demás trabajadores nos van a seguir, enfatizó Pallares, quien denunció que una gran cantidad de obreros se accidentan en la planta de Honda ubicada en El Salto, Jalisco, pero los patrones no los reportan ni llevan a los heridos a hospitales públicos, para que los casos no se divulguen.

Patricia Juan Pineda, integrante de la coordinación del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), coincidió en señalar que el retiro de registro al sindicato de Honda –a pesar de que la Secretaría del Trabajo emitió el 8 de mayo la toma de nota sobre su número de afiliados– provino de Víctor Manuel Calleja, a quien acusó de trabajar en beneficio del sector patronal.

No es posible que en este país los jueces sigan siendo parte. Aquí se le está entregando en las manos la justicia laboral a la CTM, que ha sido denunciada a escala nacional por los fraudes, las mentiras, los contratos de protección, los abusos, las amenazas, los asesinatos, los robos, y ahora es autoridad, lamentó.

Manuel Fuentes, ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, denunció por su parte que luego de una lucha de más de año y medio para obtener su registro –cuando no debe exceder los 60 días–, los más de mil 500 afiliados del STUHM ya fueron despedidos de manera injustificada.

El contubernio de la CTM y la JFCA, aseveró, es un verdadero fraude y un delito, que además sienta un precedente muy negativo al validar que un grupo de trabajadores sea criminalizado al punto de considerarlo un peligro para la paz pública.

Víctor Álvarez, representante del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, advirtió que esta decisión aberrante forma parte de la precarización del trabajo que implica la reforma laboral del presidente Enrique Peña Nieto.