Por tercera ocasión, el Instituto Federal Electoral (IFE) devolvió el dictamen de la Unidad de Fiscalización relacionado con los informes de gastos de campañas federales de 2012, con la finalidad de revisar algunos criterios aplicables al prorrateo de erogaciones y para determinar si en algunos casos es necesario iniciar procedimientos oficiosos, según argumentó el presidente del instituto, Leonardo Valdés Zurita, al presentar la propuesta avalada por unanimidad.

Sin embargo, el acuerdo de los consejeros para postergar el debate de fondo (probablemente para el próximo lunes) no inhibió la andanada de los partidos de oposición contra el documento, al que descalificaron por la presunta parcialidad que contendría para reducir el gasto de PRI-PVEM en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, así como las reducidas sanciones por gasto no reportado.

El panista Rogelio Carbajal consideró que no es posible aplicar una multa tan baja ante la irregularidad tan grave de ocultar un gasto (de más de 100 millones de pesos de PRI-PVEM) como se propone, porque simplemente se está dando un mensaje a los partidos y candidatos de que es mejor no hacerlo y, si te lo llegan a descubrir, a fiscalizar, la sanción sea menor.

A su vez, el perredista Camerino Márquez arremetió contra una presunta razón de Estado que habría detrás de la pretensión del IFE de evitar sancionar a Peña Nieto por rebase del tope de gastos de campaña. Si hay una razón de Estado para ocultar esta verdad, no vamos a permitirlo y llegaremos hasta sus últimas consecuencias.

Entre los consejeros, el más crítico del dictamen fue Alfredo Figueroa, quien descalificó los criterios deliberadamente erróneos aplicables a la contabilidad del gasto de la coalición Compromiso por México para reducir su impacto en el tope de campaña. Señaló que en el caso de PAN, Nueva Alianza y el Movimiento Progresista, el prorrateo de las erogaciones centralizadas operaba entre 365 abanderados (presidente, diputados y senadores).

En el caso de Compromiso por México, dijo, al tratarse de una coalición parcial, se distribuía hasta entre 510 aspirantes al contabilizarse para efectos de prorrateo, doblemente en aquellos distritos y estados donde PRI y PVEM postularon por separado, generando desigualdad.

De entrada, Valdés reivindicó la fiscalización de las campañas de 2012 como la más exhaustiva realizada en la historia, y defendió el procedimiento seguido. Sin embargo, mencionó que se detectaron algunos criterios que deberían ser revisados para consolidar el dictamen, motivo por el cual propuso la posposición del debate.

Parte medular de las objeciones al dictamen se refería a la inviabilidad de prorratear las erogaciones reportadas por los partidos. La consejera Macarita Elizondo fue enfática: a un gasto no reportado por algún partido y que fue detectado por la autoridad no se le pueden aplicar los criterios de prorrateo que esos mismos partidos plantearon para sus erogaciones reportadas, dado que nadie puede beneficiarse de su propio dolo.

Falta grave de partidos

A su vez, María Marván subrayó que los gastos no reportados escapan de la normalidad regulada por el reglamento; son erogaciones que los partidos ocultaron, y esto sin duda es una de las faltas más graves en que puede incurrir cualquier partido.

En tanto, Lorenzo Córdova reivindicó el avance de la fiscalización, pero admitió que persisten reglas (prorrateo de gastos) que provocan que una verdad contable no necesariamente coincida con lo que ha ocurrido en las campañas. Se trata de normas que implican un beneficio a los partidos, porque les permiten definir sus estrategias contables, pero no abonan a consolidar los topes de erogaciones como elemento de equidad..

El representante de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, acusó que el dictamen pretende salvaguardar a toda costa a Peña de un rebase de topes, aunque eso implica que 187 candidatos de la coalición que lo postuló rebasen el tope.

Ante las andanadas de la oposición contra el documento, Marco Antonio Baños reivindicó el desempeño de la Unidad de Fiscalización: sostengo enfáticamente que no advierto un fracaso en los trabajos. Creo, con el debido respeto a otras posturas, que no hay criterio alguno que se aplique de manera diferenciada a los partidos y coaliciones.