Las violaciones de derechos humanos en México siguen creciendo de forma ‘‘exponencial’’ como resultado del clima de impunidad y violencia, señalaron más de 30 organizaciones sociales en un informe conjunto que dieron a conocer con motivo de la evaluación a la que serán sometidas las autoridades del país en el marco del Examen Periódico Universal (EPU).

En conferencia de prensa, los representantes de los colectivos explicaron que dicho mecanismo evalúa cada cuatro años y medio a los 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, basándose en un informe del gobierno de cada país, un resumen especial enviado a la comisión de derechos humanos de esa entidad y un reporte de los colectivos de la sociedad civil.

Agnieszka Raczynska, de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, recordó que en la versión anterior del EPU, realizada en 2009, se emitieron 91 recomendaciones al Estado mexicano, de las cuales ocho fueron descartadas por el gobierno de Felipe Calderón.

Dichos puntos estaban relacionados con la necesidad de reformar el Código de Justicia Militar, erradicar la figura del arraigo, armonizar la definición de crimen organizado según estándares internacionales e investigar los crímenes de lesa humanidad ocurridos en décadas pasadas, pero las autoridades los rechazaron con el argumento de que ‘‘ya se estaba haciendo algo al respecto’’.

Los 11 puntos preocupantes

Por tal razón, el informe que ayer presentaron las organizaciones independientes hace énfasis en la obligación del gobierno mexicano de atender 11 puntos especialmente preocupantes, entre ellos la armonización legislativa; la pobreza y los derechos económicos, sociales y culturales; el acceso a la justicia; el sistema penitenciario; la desaparición forzada y la tortura.

Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, indicó por su parte que el Estado tiene una deuda en particular con los grupos sociales más vulnerables, entre ellos los pueblos indígenas, los niños, los jóvenes y las mujeres, además de los periodistas y los defensores de derechos humanos.

De su lado, María Luisa Aguilar, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denunció que aunque los mecanismos del EPU obligan al gobierno a pedir la opinión de la sociedad civil organizada sobre la respuesta que dará a las recomendaciones, las autoridades mexicanas sólo realizaron tres foros supuestamente ‘‘de consulta’’ en los cuales la información y el debate estuvieron muy acotados.

Por lo anterior, los colectivos señalaron que mantendrán una campaña de información para que su opinión sea tomada en cuenta en el Examen Periódico Universal y se haga un mecanismo para monitorear el cumplimiento de las recomendaciones. La fecha límite para que el Estado presente su informe ante Naciones Unidas es el 22 de julio. El EPU tendrá lugar el 23 de octubre de este mismo año.