Como parte de la estrategia para atender los casos de personas desaparecidas desde 2007, la Procuraduría General de la República (PGR) comenzó la recolección de muestras de ADN de los restos depositados desde ese año en fosas comunes en el país, revelaron colaboradores del procurador Jesús Murillo Karam.

La institución ministerial ya obtuvo de las procuradurías estatales información que va desde huellas dactilares, descripciones físicas o fotografías, hasta registros genéticos de los cuerpos de personas que fueron clasificadas como desconocidas; las autoridades locales también han entregado la ubicación exacta de las fosas comunes que se hubieran abierto desde enero de 2007.

En el contexto de estos trabajos, que se pusieron en marcha hace unos días, se han llevado a cabo peritajes y toma de muestras en terrenos del estado de Baja California, en los cuales presuntamente Santiago López Meza, El Pozolero, depositó a víctimas del cártel de los hermanos Arellano Félix.

Las fuentes consultadas señalaron que el plan de trabajo está dividido en etapas, a fin de que las denuncias recientes o las que ya se encuentran en el ámbito federal, sean atendidas por los agentes del Ministerio Público que trabajan en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

El resto de los casos se irán dividiendo conforme se avance en la obtención de muestras y de los mapas genéticos de los restos localizados en fosas comunes en el país; la tarea se iniciará en los estados del norte, donde se ha registrado el mayor número de homicidios o ejecuciones vinculadas con presunta rivalidad entre bandas delincuenciales.

Los funcionarios entrevistados revelaron que existen procuradurías que debido a los cambios de titular y sustitución o despido de personal, no cuentan con los registros de la ubicación de las fosas comunes, y en algunos casos ni con el número de este tipo de sepulturas que se llevaron a cabo durante la llamada ‘‘guerra’’ contra el narcotráfico, emprendida por el presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Para disminuir los costos de los exámenes, la PGR buscará que los laboratorios que produzcan los reactivos y todo el equipo necesario para la obtención y procesamiento de muestras, otorguen precios más económicos que hagan posible la realización de los estudios a los integrantes de aquellas familias que denuncien la desaparición de uno o varios de sus miembros, pues para tener plena certeza de que se trata de la persona que buscan es necesario contar con al menos dos muestras de padre y madre o de madre y algún hermano de la víctima.

Explicaron que esto va acompañado de la reciente creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, que ya está funcionando en la sede de la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR, el cual permitirá intercambiar información entre todas las autoridades del país.

Los protocolos bajo los cuales se desarrollarán estos trabajos de búsqueda y obtención de muestras de ADN, han sido creados y aplicados por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Además, el gobierno mexicano consultará con especialistas de naciones sudamericanas los mejores mecanismos bajo los cuales se puedan emprender estos trabajos, y un grupo de expertos en genética llevará a cabo labores de campo en entidades como Chihuahua, Baja California y Coahuila.

La Coordinación de Servicios Periciales ha establecido grupos de trabajo que laboran de manera coordinada con personal de la Policía Federal Ministerial y agentes del Ministerio Público Federal para llevar a cabo investigaciones que permitan la identificación de restos o la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas.

La Subprocuraduría de Derechos Humanos, que dirige Ricardo García Cervantes, es la encargada de todos los trabajos periciales e investigaciones, señalaron los funcionarios de la PGR entrevistados.