Brasilia, 10 de julio.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue objeto de abucheos este miércoles durante la 16 edición de la Marcha Nacional de los Alcaldes, pese a que anunció la transferencia, en carácter urgente, de 3 mil millones de reales (unos mil 320 millones de dólares) a los gobiernos municipales para costear servicios públicos.

La muestra de rechazo a la gobernante izquierdista se produjo un día antes de que ocho centrales sindicales realicen la primera huelga general desde que el Partido de los Trabajadores (PT) llegó al poder en 2003, con Luiz Inacio Lula da Silva, antecesor de Rousseff.

La insatisfacción de las autoridades municipales de todo el país se debe a que Rousseff no atendió la principal demanda de los alcaldes: el aumento del fondo de participación de los municipios (FPM), un valor fijo que el gobierno central les traspasa.

Las alcaldías pretenden que el FPM sea incrementado en dos puntos porcentuales. El fondo se nutre de 23.5 por ciento de lo recaudado por el gobierno federal con los impuestos de renta y sobre productos industrializados.

El motivo de nuestra marcha es el desequilibrio financiero de los municipios, sintetizó el presidente de la Confederación Nacional de Municipios, Paulo Ziulkoski, aludiendo al tema central del acto de este año: el desequilibrio federativo y la crisis en los municipios.

Sin mencionar el asunto, la mandataria anunció la transferencia millonaria de recursos para servicios públicos, que será entregado a los gobiernos municipales en dos partes, una en agosto próximo y la segunda en abril de 2014.

El gobierno federal, que desde junio busca proponer medidas tendientes a atender las demandas que millones de brasileños llevaron a las calles en sendas manifestaciones, anunció además que pondrá a disposición de las ciudades con menos de 50 mil habitantes facilidades especiales para la implementación del programa gubernamental de financiación de viviendas Mi Casa, Mi Vida.

Unas 4 mil personas participaron en ese acto, entre alcaldes, vicealcaldes y concejales, además de 25 ministros que acompañaron a la mandataria, el vicepresidente de la república, Michel Temer, y los presidentes de la Cámara de Diputados, Henrique Eduardo Alves, y del Senado nacional, Renan Calheiros.

Como preámbulo a la huelga de este jueves, el puerto de Santos, el mayor de América Latina, paralizó temporalmente sus actividades por un paro de cientos de estibadores que reclamaron mejoras laborales y rechazaron una nueva norma para regular el sector. La protesta afectó las operaciones de 13 barcos.

Para este jueves se paralizarán servicios esenciales como bancos, industria, transporte público, construcción civil y entidades públicas. Centrales sindicales que históricamente han actuado separadas se sumaron para esta convocatoria lanzada durante las multitudinarias movilizaciones del mes pasado.

Se tratará de la cuarta huelga general en la historia del país desde que se proclamó la independencia en 1822 y busca presionar a las esferas de los gobiernos federal, provincial y municipal para que atiendan las olvidadas demandas de los trabajadores, que no se vieron representados por cientos de miles que salieron a las calles durante la reciente Copa Confederaciones.