ace ya cerca de un siglo, el antropólogo francés Marcel Mauss acuñó el concepto de hecho social total para referirse a prácticas sociales que tienen la propiedad de reunir en sí mismas a las instituciones principales de una sociedad. Así, un hecho social total sería a la vez un fenómeno jurídico, económico, religioso, estético, etcétera. El ejemplo clásico de hecho social total, desarrollado por el propio Mauss, es el del don, es decir, la práctica social de dar y recibir obsequios, costumbre que está en la base misma de la sociabilidad humana. Los hechos sociales totales serían, entonces, prácticas que condensan todo un entramado de poder, de afectos y de costumbres.

Lo interesante del concepto es que sirve también para identificar prácticas que están cargadas de negatividad, es decir, existen hechos sociales totales que son rechazados en el plano normativo. La brujería sería un ejemplo. La corrupción sería otro. En ambos casos se trata de prácticas que reúnen las instituciones sociales al modo descrito por Mauss (reúnen lo económico, lo jurídico, lo estético, la moral religiosa, etcétera), pero que se nutren de esas instituciones para generar un valor negativo, algo que consume a la sociedad, en lugar de nutrirla. Así, la corrupción (cuya etimología significa romper juntos) se alimenta de las instituciones sociales para extraer provecho particular de normas que supuestamente están hechas por y para el bien público.

El escándalo reciente del ministro de la Suprema Corte Genaro Góngora ha puesto en la mira pública un hecho social total que está cargado justamente de esta clase de negatividad. ¿Por qué? Se trata, en primer lugar, de la utilización de una ideología de complementariedad en la relación de pareja hombre/mujer para construir un poder absoluto del hombre por encima de la mujer (al grado de privar a la mujer de su libertad, en el caso de Góngora). Se trata, también, de la utilización de las instituciones de la dependencia económica de hijos en los padres para ganar un poder arbitrario, ya sea sobre los hijos o sobre la mujer, o sobre ambos.

Lo interesante de los hechos sociales totales negativos, como la corrupción o el abuso de la ideología patriarcal es que a veces llegan a hacer escándalo y a encontrar repudio generalizado, mientras en otros momentos son aceptados como hechos naturales e inevitables. Por ejemplo, la corrupción en México durante décadas se aceptaba como un hecho más o menos natural; todos los políticos, se decía, robaban, y debían ser juzgados no tanto porque robaran (todos lo hacían, supuestamente), sino por lo que dejaran de positivo. Y sin embargo, esa actitud se terminó, y entramos en una era histórica de profundo rechazo a la corrupción. Algo parecido sucede hoy en torno del abuso del patriarcado y, quizá (ojalá), en torno del patriarcado en general.

El caso de Góngora Pimentel sirvió como detonador a esa indignación colectiva porque, como buen símbolo, es un caso que condensa elementos de todos los demás: el abuso a los hijos y a la esposa pasa, en el caso de Góngora, directamente por el Poder Judicial (y a su nivel más alto), y la desigualdad económica entre el macho y la hembra de la especie quedan al perfecto descubierto gracias a las leyes de transparencia de ingresos de empeados públicos. Así, los aspectos legales y económicos del abuso a la mujer y a los hijos se destapan como en prototipo, cosa que ha abierto el grifo de una queja que se vuelve estruendo. Es el rugido producido por el sinnúmero de abusos que se basan en el poder económico y político del marido con su mujer o amante, y en la capacidad de usar, ya no el don (el obsequio), sino la retención de la manutención como arma para conseguir lo que el macho quiera (aunque lo que quiera sea, simplemente, su libertad frente a las obligaciones marcadas por las normas de la paternidad).

El hecho es que la sociedad mexicana de hoy está como agua para chocolate para recibir esta clase de práctica abusiva. Así, en reportaje de la semana pasada El País hace la crónica de la ex mujer (francesa) del ex gobernador del estado de México Arturo Montiel, a quien se le ha negado acceso a sus hijos, que habían venido a México a visitar a su padre. Incluso ha entrado a discusión pública la actitud del propio Presidente de la República frente a su hijo. Mientras tanto, en la página de Facebook #bastadegongoras, se ha multiplicado la socialización de casos provenientes de todas las clases sociales: padres que no apoyan a sus hijos, padres que de desentienden de sus mujeres ante crisis de salud o discapacidades permanentes, padres que secuestran a sus hijos, etcétera.

En todos estos casos se vislumbran elementos del hecho social total: el uso del poder económico para someter o para conseguir favores sexuales; el uso del acceso al poder político o jurídico para someter a esposas o hijos; el uso del prestigio moral (de deriva religioso) de la paternidad para conseguir una soberanía absoluta (a veces mal llamada libertad), y un largo etcétera.

Lo interesante del escándalo del ex presidente de la Suprema Corte es que ha develado toda una institución, y ha conseguido, quizá por eso, despertar el repudio público. Importa, ahora, que la cosa no quede en condenas a una u otra figura pública, sino que se socialice y se extienda la crítica a todo lo que da: que haya datos confiables –estadísticas, documentación periodística– del abuso doméstico, que se abran o amplíen canales de apoyo a mujeres e hijos que sufren de esta forma de abuso, que se extienda la condena colectiva a una forma de abuso que la sociedad de hoy rechaza.