a intervención oficiosa de Enrique Peña Nieto para tratar de frenar los débiles indicios de verdadero conflicto posterior a los comicios reveló el carácter pactado (en lo inmediato) y pactista (a mediano y largo plazos) del reparto del pastel dominical.

No le corresponde al Poder Ejecutivo pretender que no se recorran, incluso al extremo, los caminos legales establecidos para la impugnación de procesos electorales, pero aun así el detentador actual de la silla presidencial se aventuró a establecer, con toda la resonancia mediática que le acompaña, la obviedad legal de que partidos y candidatos deberían ‘‘acatar’’ los ‘‘resultados’’ (aún preliminares, es decir, indicativos pero no definitivos, incluso bajo impugnación por errores originales, como en el PREP de Baja California, y sujetos a eventuales cambios en sus posteriores fases de valoración y consolidación).

Tan pragmática exhortación a aceptar la realidad tal como quedó asentada en precarias actas polémicas significa una convalidación del cochinero (salpicado de sangre en varios lugares, influenciado por cárteles de delincuencia oficial y extraoficial, dominado por el uso del dinero y la fuerza) que se vivió este domingo y que fue denunciado con insistencia por los líderes de los principales partidos presuntamente opositores, PAN y PRD, aunque luego tales arrebatos presuntamente justicieros fueran rediseñándose conforme Los Pinos iba cumpliendo ofertas previas de cesión de plazas tácticamente necesarias para esos líderes urgidos de presentar cuentas aceptables a sus asambleas de accionistas para que les mantengan en el puesto y puedan así seguir cumpliendo con encargos pactistas (como el de la reforma energética, en primer lugar) que son pagados con rebanadas de poder, empleos y otros privilegios, en un círculo vicioso de tripartidismo amafiado que pretende sostenerse a lo largo de un sexenio que todos los involucrados en ese Pacto contra México esperan les sea muy redituable.

La irrupción de EPN en un foro electoral resbaladizo pareciera tener dedicatoria a las apariencias de reticencia interna que el grupo de Manlio Fabio Beltrones Rivera ha esbozado en relación con el refrendo de la licencia para que el panismo siga ejerciendo el poder en Baja California (expedida por Carlos Salinas de Gortari en 1989, como parte de la ‘‘legitimación de facto’’ que el PAN dio al priísta, y ahora ratificada a cambio de que el mismo partido de blanco y azul legitime los planes de Peña Nieto a nombre del Pacto por México).

A pesar de que en 2010 el PRI había obtenido ‘‘carro completo’’ en las elecciones de presidentes municipales y diputados locales, debido a las pésimas administraciones realizadas por los panistas, ahora (como en 1989, con la candidata priísta a gobernadora, Margarita Ortega) todo se conjugó desde el poder central para que no tuviera continuidad esa racha triunfal. Hoy, conforme a los rebatidos números preliminares, el beltronismo habría sido engañado y derrotado, el hankismo local habría sido salvado de una derrota negociada y premiado con la preservación de su dominio en Tijuana, la facción de Gustavo Madero habría sido pertrechada con este triunfo vital para sostenerse frente al calderonismo desesperado, y el propio Peña Nieto habría conseguido su objetivo central y casi único en este episodio, como es la restitución del tambaleante pacto tantas veces mencionado.

El propio Beltrones emitió el domingo de su infortunio bajacaliforniano dos tuits reveladores: ‘‘No se gana en negociaciones lo que no se gana en las urnas. Los pactos son para acordar lo mejor para el país, no para negociar elecciones’’ y ‘‘Las elecciones son de demócratas. El chantaje no puede ser un instrumento de los partidos políticos’’. No se necesita un curso de adivinación para encontrar al destinatario de esos mensajes. Sólo Peña Nieto podría estar en la hipótesis del chantaje y la negociación a cuenta de su pacto tan útil y querido. Al siguiente día, el propio candidato, Fernando Castro Trenti, se negó a ‘‘acatar los resultados’’, denunció irregularidades en el programa de resultados preliminares y demandó un conteo boleta por boleta (una variante tricolor de las demandas opositoras en 2006), con ábacos como instrumentos confiables en lugar de la computación fallida.

Pero también podría ser, como el propio Madero lo advirtió en alguna entrevista periodística del día, que el asomo peñista en demanda de ‘‘acatar los resultados’’ fueran ‘‘valores entendidos’’ con el priísmo nacional (César Camacho, incapaz de respirar profundo si no se lo ordenan o permiten expresamente desde Los Pinos, convertido en feroz combatiente) y con el propio Castro Trenti y Beltrones, pieza clave éste en el proceso político que vendrá con la propuesta de reforma energética, de tal manera que a EPN muy bien le caería aparentar apoyo al panismo (poco ducho como es Gustavo Madero, ayer mismo exhortó al PRI a hacerle caso a Peña Nieto, como si el ocupante de Los Pinos estuviese actuando expresamente a favor del chihuahuense y sus intereses inmediatos) mientras pasa la tormenta de la reforma energética y dejar para posterior litigio la gubernatura.

El otro punto rojo del mapa generalizado de abusos y manipulaciones está en Veracruz. Mucho debe haberse esforzado el gobernador Javier Duarte de Ochoa para colocarse a la cabeza de los acusados de villanía electoral durante una jornada tan cargada de incidentes violentos y pillería política. A pesar de que en una primera entrega el PRI se declaró amplísimo triunfador, el PAN, con Miguel Ángel Yunes y familia remolcando, impugnará cuanto le sea posible. Así como en BC el PREP está en el centro de las impugnaciones priístas, en Veracruz lo es para los panistas pues, al estilo de los viejos tiempos reinstalados, se cayó ese sistema.

Y, mientras va quedando claro el nuevo panorama político regional derivado de estas elecciones que pretenden sentar bases para un proyecto tripartidista de largo plazo, ¡hasta mañana, con otra vuelta al pasado sombrío, ahora en el INAH, con el retorno de Teresa Franco a la dirección general!

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