Pretender convertir el Instituto Federal Electoral (IFE) en una instancia que organice todos los comicios en el país, y llevar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a una centralización similar, implicaría crear ‘‘monstruos administrativos’’ que llevarían a un colapso a esas instituciones ante la ineficacia para enfrentar sus tareas, consideró el presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Regionales Electorales, José Miguel Salcido.

En su opinión, el fundamento para impulsar la desaparición de los institutos y tribunales electorales locales parte de una generalización que ‘‘no tiene sustento sólido’’ sobre la presunta parcialidad de los organismos y lo costoso que representa su sostenimiento, pero en ambos casos las descalificaciones no se sostienen, dijo Salcido.

El problema en las elecciones locales no proviene del diseño institucional sino, en su caso, de las personas que ejecutan sus funciones. Por ello, la pretensión de algunos partidos en el Pacto por México de desaparecer todos los institutos y tribunales locales aparece como una solución radical a un problema que estaría focalizado y cuya corrección debería orientarse más hacia un control de gestión que a la desaparición institucional.

Magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua y recientemente designado titular de la asociación, Salcido considera que crear el instituto nacional de elecciones (INE) implicaría el avasallamiento de las instituciones estatales y un retroceso de 150 años en cuanto al dilema entre centralismo-federalismo.

Si el argumento es la problemática de una presunta dependencia de los ejecutivos estatales, a partir de generalizaciones, se podría asumir una postura similar descalificando a las instituciones federales a partir de que la designación de sus integrantes se podría definir como una ‘‘lógica perversa’’ de un esquema de cuotas entre los partidos políticos, dice el especialista y recuerda que es a nivel federal donde ha habido mayores protestas poselectorales.

Salcido se refiere a señalamientos de falta de autonomía en varios institutos locales: ‘‘Hay algunos casos donde se han hecho acusaciones de parcialidad, pero lo cierto es que el diseño actual permite que, en ellos, el TEPJF haga revisión de la constitucionalidad y la legalidad de los acuerdos y resoluciones de las autoridades locales y les ponga remedio. Un dato interesante es que 90 por ciento de resoluciones locales que son impugnadas son conformadas por el órgano local; si hubiera esa injerencia, no sería ese el resultado’’.

En su caso, si existiese fundamento en contra de un organismo, podría apelarse –como una alternativa extraordinaria– a que sea el IFE el que asuma la organización de esos comicios, pero sólo como excepción. Para Salcido, la alternativa es reforzar los controles de gestión a través de la transparencia y rendición de cuentas.

–Una legislación nacional?

–Esa es una barbaridad. A través de una legislación única, por ejemplo no puede considerarse la realidad sociopolítica de Oaxaca, con sus usos y costumbres indígenas que rigen las elecciones en más de 400 municipios, con las condiciones socioeconómicas del Distrito Federal, Chihuahua o Chiapas.

Finalmente, por lo que hace al argumento presupuestal, Salcido advierte que la creación del instituto nacional electoral implicaría redimensionar al IFE con 2 mil 500 juntas municipales y más de mil 500 distritales, además de las que tiene actualmente a nivel federal.