Un grupo de empresarios presentó nueve denuncias por extorsión contra Armando García Benhumea, quien se ostentaba como secretario particular del director general de Jurídico y Gobierno de la delegación Tlalpan, y se encuentra recluido desde la semana pasada en el Reclusorio Sur.

La exigencia de pagos de entre 30 mil y 150 mil pesos por no clausurar sus negocios y hasta amenazas físicas en caso de rehusarse, llevó a alrededor de 15 propietarios de bares y restaurantes a solicitar la intervención de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Javier Matamoros e Ignacio Hernández, representantes legales de los denunciantes, señalaron que en diversas ocasiones acudieron a entregarle la cantidad solicitada en sus oficinas para evitar el cierre de sus negocios y pagos de hasta un millón de pesos para el retiro de sellos de clausura.

Las exigencias de cantidades mayores y el temor a ser agredidos hizo que los empresarios, quienes solicitaron el anonimato, acudieran a las autoridades delegacionales, sin éxito, pues uno de los compromisos de la delegada, Marisela Contreras, en su campaña fue acabar con los antros.

Sin embargo, aclararon, nuestros negocios cuentan con uso de suelo, licencias de funcionamiento y sus papeles en regla, pero buscaban cualquier cosita para fregarnos, lo cual no estábamos ya dispuestos a aceptar, pues está en juego nuestro patrimonio y el trabajo de decenas de empleados.

Por ello, se determinó acudir a la Procuraduría capitalina, donde se levantaron las averiguaciones, una de ellas la FBJ/BJ1/T1/ 1405/13/07, y “solicitamos también se investigue al director de jurídico de Tlalpan, Gustavo Roque López, pues presuntamente era el jefe de Armando.