El dictamen de la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) sobre los informes de los gastos de las campañas federales de 2012 está elaborado ‘‘con dolo’’ y de una forma ‘‘ruin’’ contra los partidos de izquierda que impulsaron la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador para acreditarle un ‘‘rebase de gastos ficticio’’, sostuvieron dirigentes de PRD, PT y Movimiento Ciudadano.

Por otro lado, advirtieron, el órgano electoral busca impedir que se sancione la campaña de Enrique Peña Nieto, candidato de PRI y PVEM, por la misma conducta.

En conferencia de prensa previa a una reunión privada con los consejeros electorales, el responsable de las finanzas de la extinta coalición Movimiento Progresista, Xavier Garza, preguntó: ‘‘¿Cuál es la diferencia entre el gasto puesto por nosotros, esos 302 millones 812 mil pesos, y los 408 millones de que habla la Unidad de Fiscalización? La diferencia, básicamente en 72 millones, está en un prorrateo erróneo del dictamen’’.

A su vez, Javier Benavides, del Partido del Trabajo, sostuvo que ‘‘el IFE primero se excede en los criterios con nuestra coalición y de paso deja pasar o se hace de la vista gorda con la otra alianza (PRI-PVEM). Si el dictamen pasa mañana queremos decir que lo vamos a impugnar en su totalidad; nos vamos a ir a los tribunales’’.

Garza consideró que la Unidad de Fiscalización actúa con ‘‘un doble rasero’’ en donde, según dijo, no se le permite al Movimiento Progresista aplicar un prorrateo de 34 por ciento en los gastos genéricos a la campaña presidencial y se le aplica ‘‘dolosamente’’ 51 por ciento, en contraste con los criterios aplicados a Compromiso por México.

De acuerdo con el documento que presentaron, el ‘‘prorrateo erróneo’’ de la Unidad de Fiscalización implica la asignación de 72.2 millones de pesos a la campaña presidencial.

Recordó que en febrero pasado, cuando la mayoría de los consejeros devolvieron el dictamen sobre el gasto de la campaña presidencial, se acordó que se definiera ‘‘con claridad, una a una, cada operación de gasto en la que se aplique el prorrateo por beneficiar a más de una campaña, precisando además el criterio para admitir o determinar el número de candidaturas promovidas.

Asimismo acusó al IFE de ignorar esta instrucción del consejo general para mantener en términos generales el mismo dictamen presentado en febrero pasado. ‘‘Nos inventan 33 millones de gasto no reportado, que ayuda al rebase ficticio (de los topes de gastos) que argumenta la Unidad de Fiscalización’’.

Los representantes de los tres partidos ratificaron que el gasto de la campaña presidencial fue de 302 millones de pesos, e imputaron a la Unidad de Fiscalización la aplicación de prorrateos en gastos genéricos.